Proyecto de Ley que rescata a Costa Rica

Durante quince años se discutió en nuestro país la Reforma Procesal Laboral, que entró en vigencia en 2017. Una de las grandes debilidades de la ley quedó en evidencia con la costosa, irresponsable y antipatriótica huelga de 2019: el limbo jurídico y los portillos para la interpretación de legalidad de las huelgas que causan gran daño a Costa Rica.

Por ello, la Cámara de Industrias de Costa Rica apoya decididamente el proyecto 21.049, tramitado en Comisión Especial Legislativa, el cual constituye un paso en la dirección correcta para recuperar la seguridad jurídica a la inversión nacional y extranjera y a la sociedad costarricense.

Entre los puntos que deben destacarse como positivos resaltamos los siguientes:

Primero: el rebajo de los salarios de los huelguistas ilegales desde el día que se solicita la declaratoria de ilegalidad por parte del patrono. Es inaudito que a quienes participan de una huelga ilegal, no se les rebaje el salario.

Segundo: se elimina la necesidad de notificar directamente al secretario general o representante del movimiento de huelga. Bastará con notificar al correo electrónico de la agrupación, que debe estar inscrito ante el Ministerio de Trabajo. Es inaceptable que en pleno siglo de la tecnología, el Poder Judicial dure más de dos semanas tratando de notificar a dirigentes sindicales en huelga.

Tercero: el juez tendrá 24 horas a partir de la solicitud de ilegalidad para convocar a las partes en un plazo de 72 horas. Cuando no hay prueba que presentar o no se prueba el porcentaje de apoyo requerido, se dictará sentencia en un plazo no mayor a 48 horas. Si no se cumplen los plazos, se puede interponer la queja ante la Corte Suprema de Justicia o ante la Inspección Judicial para que se tomen las medidas del caso.

Cuarto: se prohíben las huelgas en servicios esenciales en el sector público y se establece que las mismas no requieran de calificación previa por medio de un juez laboral.

Quinto: será ilegal hacer movimientos huelguísticos de carácter político.

Aprobar este proyecto, sería un excelente aporte al país de nuestros Congresistas, para llenar el vacío legal y la libre interpretación de parte de los jueces de la República. A Costa Rica hay que liberarla de la amenaza constante y el secuestro de los huelguistas, que impiden a los niños y jóvenes educarse y alimentarse en los comedores escolares, a nuestro pueblo tratar y curar su salud, a nuestros ciudadanos a movilizarse, realizar sus trámites o abastecerse de combustibles, y a nuestro sector productivo producir y generar empleo.