A emparejar la cancha

En las últimas semanas, hemos sido testigos de cambios relevantes para nuestro país y concretamente hablo de la aprobación en primer debate de la Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, respaldada de manera valiente por un grupo de 40 diputados de las distintas bancadas en la Asamblea Legislativa.

Como sector productivo -y estoy seguro que es el sentimiento de la mayoría de los costarricenses- esperábamos una pronta votación en segundo debate. Ahora esperamos que los magistrados de la Sala Constitucional, resuelvan en menos de un mes la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto.

La ley para regular las huelgas, léase bien, regular las huelgas, no las limita, es necesaria para generar confianza, para garantizar esa seguridad jurídica que tanto necesitamos en el sector productivo a fin de atraer mayores inversiones, pero también porque ya es hora de frenar los abusos desmedidos que se han cometido por años con las huelgas en el sector público.

Volvamos en el tiempo, cada huelga en este país ha sido sinónimo de cierres en uno de los principales puertos como es Moín, de bloquear las entradas a los planteles de Recope, de cerrar los accesos al aeropuerto Juan Santamaría y de incendiar llantas y palos en media carretera para bloquear vías, así como dañar propiedad de particulares y limitar derechos fundamentales a la mayoría. El bloqueo es un delito y así está establecido en nuestra legislación, no es sinónimo de manifestación ni huelga.

La huelga también ha sido usada para violentar los derechos de los asegurados, de las personas más vulnerables y de escasos recursos, a quienes los sindicalistas dejan sin citas, cirugías, procedimientos y tratamientos, pues usan la paralización de servicios de salud como medida de presión.

Igual ocurre con el sector educación, donde de manera irresponsable, reprochable y abusiva se cierran escuelas y colegios y se deja a casi un millón de estudiantes sin clases y sin acceso a los comedores estudiantiles.

Con esta modificación al Código de Trabajo, se viene a nivelar la cancha, a sentar responsabilidades, a frenar un marco legal que era altamente permisivo, a evitar las interpretaciones de los jueces y acelerar los procesos judiciales, pero sin duda una de las medidas más efectivas, será la suspensión de los salarios a partir del primer día de huelga.

En este país, todos pagamos porque se nos brinden servicios públicos de manera continúa, es un derecho general y en cada huelga los más afectados siempre han sido los más vulnerables. Esto tiene que acabarse.

Como representantes del 86% de la fuerza de trabajo, estamos confiados que la nueva ley para regular las huelgas, traerá beneficios para todos, pues está muy lejos de ser la mordaza que los sindicatos aducen que sufrirán.