Desigualdades que fijan el rumbo de un país

De hace unos años atrás, se ha extendido la sensación de que la educación costarricense viene decayendo en su calidad, en diferentes niveles y, desde luego, con resultados negativos que nuestra sociedad notará en el mediano y largo plazo.

El VII Informe del Estado de la Educación, realizado por el Programa Estado de la Nación, deja cifras preocupantes que deben movilizarnos a la búsqueda de soluciones reales, inmediatas y factibles para favorecer a la población y, con ello, marcar un rumbo país que nos inserte en la que muy recientemente se ha llamado la cuarta revolución industrial.

Esta nueva ola de conocimiento implica tecnología digital, supone una era automatizada que amenaza la ocupación laboral. Las proyecciones de que se pierdan 800 millones de empleos en el mundo en menos de una década y que sean ocupados por las máquinas, deben ponernos a meditar.

¡Cuánta visión la de nuestros antepasados al poner en la educación costeada, gratuita y obligatoria el destino de Costa Rica! Hoy carecemos de esa visión.

Nuestra estabilidad democrática, paz social y las garantías sociales han ido de la mano con una educación que durante años permitió su universalización y la oportunidad para tantos y tantos hermanos que incluso, en la educación pública, pudieron obtener un título universitario mediante becas.

La exclusión del mundo laboral es antecedida por la exclusión de los jóvenes a una sólida educación superior. Si seguimos así, los índices de desigualdad y pobreza que ya son preocupantes y vergonzosos en nuestra nación, podrían romper cualquier paradigma posible y someternos a la miseria.

Según el VII Informe del Estado de la Educación, mientras en 2014 las universidades otorgaron 49.778 diplomas, en 2018 entregaron 44.871, incluso en 2017 habían entregado casi dos mil más que el año pasado. Esto, desde luego, tampoco da cuenta de la calidad de la educación, pero nos coloca ante una cifra a tomar en cuenta. Desde luego, hay factores demográficos, pero también de mercado laboral y gestión institucional como lo señala el mismo informe.

Otra cifra, de varias que preocupan, es que en 2017 el 28% de la población costarricense de 25 a 34 años edad contaba con educación superior, cifra que se mantiene relativamente estancada desde hace 10 años. Solo un dato más del informe: el 83% de los 1.534 programas académicos vigentes en Costa Rica tiene más de cinco años sin actualizarse y el 60% no ha gestionado cambios en más de una década.

¿En dónde estamos poniendo nuestras prioridades como país? ¿Qué rumbo queremos dar a la sociedad? No estamos invirtiendo en el futuro.