Política pública y tugurios
Para cualquier persona socialmente comprometida, el tema del tugurio o, más propiamente, la situación de las familias obligadas a vivir en tugurios, representa un tema sensible.
Un tugurio, en su definición más simple, es un habitáculo que provee a una familia del peor albergue posible, en tanto no ofrece ninguna protección y se constituye en una amenaza en sí mismo.
En su dimensión político-social, señala un evidente rezago o deuda social. Esto se torna más serio porque es fácilmente constatable que quienes más padecen el tugurio son los sectores más vulnerables (niños, mujeres, ancianos, discapacitados). Visto desde una perspectiva más urbana o de desarrollo territorial, el tugurio supone una exclusión del derecho a la ciudad.
El binomio pobreza-exclusión social implica que la dotación de vivienda es una condición necesaria, pero claramente insuficiente.
En Costa Rica, poco menos de 50 mil hogares residen en tugurios, esto es, alrededor de 200.000 personas concentrado en el ámbito urbano y particularmente en la Gran Área Metropolitana, que aglutina a más del 70 % de los asentamientos tuguriosos.
Desde el punto de vista de la política social, Costa Rica puede proponerse la erradicación del tugurio como una meta políticamente posible, socialmente necesaria y económicamente viable. Sin embargo, ello supone accionar en varias direcciones. Un reenfoque y articulación de los instrumentos de política social pública del país, así como la introducción de nuevas estrategias, metodologías y formas de acceso a esta población.
El acceso al suelo urbano es crecientemente limitado por el incremento constante de su costo. Esto supone la necesidad de introducir nuevas formas de gestión del suelo urbano y demanda que la normativa e institucionalidad pública en materia de vivienda y desarrollo territorial sea revisada, en particular los instrumentos y estrategias del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, los cuales en el plano urbano están llegando a un límite funcional todo con base en la definición de políticas de Estado con visión de mediano y largo y con una clara perspectiva de desarrollo territorial. Frente a condiciones extraordinarias como las emergencias y la misma atención de tugurios, estos medios ordinarios no siempre dan una respuesta eficiente.
Es ineludible mencionar que hay un exceso de trámites que atentan contra los objetivos de gestión, sobre todo en materia social. Así mismo, la participación del sector privado, en sus diversas dimensiones (financiera, construcción, comercio, etc.) debe analizarse y replantearse, con el objetivo de ofrecer una respuesta eficiente a nuevos retos.
Esa respuesta, ciudadanos, nunca debe perder de vista que el drama del tugurio no son las ranchería que los componen sino los seres humanos que los habitan.
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