Llevando soluciones a Crucitas

El tiempo ha pasado y las soluciones para Crucitas brillan por su ausencia. Desde el 1° de diciembre del 2010, a través de la Ley N° 8904, se eliminaron todos los permisos de exploración y explotación minera “a cielo abierto”, para la extracción de minerales pesados en Costa Rica. 

En ese mismo mes, -el 14 de diciembre del 2010-, el Tribunal Contencioso Administrativo dictaría además la sentencia con la cual se anularía el Decreto que había declarado de interés público y conveniencia nacional el único proyecto de minería en cielo abierto que entonces pensaba desarrollar la empresa Industrias Infinito en el país. 

A pesar de aquella reforma, y del posterior retiro de esa empresa, su maquinaria y equipo de la zona de Crucitas, en Cutris de San Carlos, nada ha impedido que, -a la fecha-, se continúe con la extracción minera a cielo abierto, pero de manera ilegal.

Las zonas aledañas a San Carlos se han convertido en el epicentro de la trata de personas, prostitución de niñas, enfermedades, tráfico de drogas, armas y destrucción del medio ambiente.

Dentro de los problemas descritos, uno que debería de llamar de manera especial nuestra atención tiene que ver también con el uso que los traficantes de oro están haciendo con el producto que compran directamente en los sitios donde se extrae de manera ilegal.

Esas actividades no le están generando, ni al Estado, ni al Municipio ingreso alguno, ante la imposibilidad de cobro de impuestos o cánones. En circunstancias normales, la minería debería de ofrecer siempre a los habitantes de la zona donde se asienta la oportunidad de catalizar su desarrollo en el plano económico y social, y contribuir con ello en la reducción de la pobreza.

Las comunidades están abandonadas a merced de su propia suerte, sometidos al miedo y al abuso de los coligalleros ilegales sin que el estado tenga una respuesta efectiva de contención o alternativas de desarrollo local.

Es absurdo sentarse como simples observadores de turno a ver como el saqueo y destrucción de la zona continuan al amparo del silencio del Gobierno de turno.

Es mi responsabilidad como legisladora y como sancarleña, darle propuestas integrales a los costarricenses, para proporcionarles empleo y bienestar.

La propuesta deroga la prohibición existente e incorpora reglas claras para desarrollar la actividad minera metálica. Con ello se espera recuperar los empleos y reactivar el desarrollo económico rural.

Cabe resaltar que los elementos técnicos en cualquier proyecto de Ley son fundamentales, y en este caso es el Colegio de Geólogos de Costa Rica, con quienes trabajamos en conjunto y los que han aportado todo su conocimiento y respaldo.

Este elemento diferenciador representa un plus que fortalece el contenido de la propuesta, pues regula temas que a la fecha han sido evadidos por otros legisladores.

Resolver de manera integral los vacíos legales que hoy presenta el Código de Minería, en especial tras la reforma que hace una década atrás prohibió la exploración y explotación minera metálica a cielo abierto se vuelve un tema primordial.

Costa Rica posee un alto potencial, no sólo en recursos mineros metálicos, sino también en recursos energéticos naturales que yacen en nuestro subsuelo; por lo que resulta impostergable adoptar las medidas legislativas necesarias para asegurar la correcta explotación técnica y para que, de manera responsable, nuestro país pueda emplear esos recursos para catalizar su desarrollo, reactivar su economía y reducir la pobreza, especialmente en las zonas rurales.

Para lograr todo lo anterior la actividad minera debe de ser abordada correctamente, no cabe duda de que, en los últimos años ha faltado visión y voluntad política para regular este tema como se debe.