¿Por qué habría de extrañar?
Muchos amigos se muestran sorprendidos por algunos elementos contenidos en la Carta de Intenciones que el gobierno de Costa Rica, por intermedio del presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, y el ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves, le dirigieran a la directora general del Fondo Monetario Internacional, doña Kristalina Georgieva, el pasado 22 de abril.
El problema es que, según dice el documento enviado al FMI, -traduzco del inglés-: “La reforma fiscal y la regla fiscal aplicada desde inicios del 2020 fueron pasos importantes hacia la sostenibilidad fiscal.” En el 2020, ya tenía vigencia una parte significativa del nuevo paquete fiscal. Aquí es oportuno resaltar otra parte de lo que dice el citado documento: “Pero, el balance fiscal se deterioró agudamente en el 2019, con un déficit general de un 7.0 por ciento del PIB, reflejando principalmente un pago creciente de intereses.”. Por lo tanto, desde antes del COVID-19 la situación fiscal hacía aguas y, en lo que corresponde al crecimiento económicoel documento al FMI dice: “La economía se expandió en un 2.1 por ciento en el 2019, y se proyectó que creciera aún más a un 2.5 por ciento en el 2020.”
A todas luces el crecimiento económico no parece haber sido lo suficiente elevado -en realidad es raquítico- como para lograr ingresos tributarios que mitigaran el gasto excesivo. Recientemente, algunos medios de comunicación dieron a conocer que la caída de la producción está proyectada en un 3.6% del PIB.
En mi opinión, las medidas impositivas de diciembre del 2019, recargadas de impuestos y nada de disminución del gasto, tuvieron un efecto recesivo, que podía haber sido menor si, en vez, de cargar de impuestos al sector productivo de la economía, se hubiera reducido el gasto total del gobierno, pues así se liberarían recursos productivos que estarían disponibles para la actividad productiva de la economía en esos momentos.
Claro, ahora ante el COVID-19 la situación fiscal empeoró y empeorará aún más, en tanto que se mantenga la represión de actividades productivas. De hecho, la parálisis de la economía se traduce en una parálisis de la recaudación de impuestos y, potencialmente, ante la carencia de recursos, a una posible reducción a gasto en salud, entre otros.
En estos momentos, tan “dramáticos” en palabras de la señora Contralora, lo que debe hacerse es disminuir significativamente el gasto estatal y no poner nuevos impuestos, pues ello sólo profundizaría la recesión por mucho más tiempo del debido.
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