Ha llegado el momento de unirnos

Con gran pesar y mucha preocupación, hemos sido testigos de las discusiones entre el Gobierno de la República, los sectores productivos, políticos y la ciudadanía en general.

En estos últimos seis meses, hemos observado como el Poder Ejecutivo ha impuesto una serie de restricciones a locales comerciales, ha extremado las restricciones a la circulación vehicular, ha decretado el cierre de playas y otras zonas públicas.

A esto debe sumarse la ejecución de fondos públicos, solo en una primera fase de la emergencia por COVID-19, por más de 18 mil millones de colones, sin contar, a la fecha, con un plan general para el manejo, coordinación y planificación de esta crisis sanitaria.

Lo anterior ocurre a pesar de que la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, ley número 8488, establece como obligatorio, para la ejecución y el uso de esto fondos públicos, contar con un Plan General de Emergencia para la inversión de dinero en esta crisis sanitaria.

Ya han pasado 5 meses y no parece verse una ruta clara en las decisiones del Gobierno, producto, entre otras cosas, de la ausencia de este Plan General. Es cierto que estamos en una emergencia, pero eso no significa que deban ignorarse las leyes ni las regulaciones pertinentes.

Los ciudadanos debemos ejercer un control sobre las actuaciones de nuestras autoridades. Es por eso que me he visto en la obligación de acudir ante Tribunales de Justicia, buscando el auxilio de nuestros jueces, para que se respete nuestro ordenamiento jurídico.

Si bien la Salud Pública es el bien más preciado del sistema sanitario de un país, especialmente cuando la supervivencia humana se basa en decisiones de riesgo, debemos considerar que cada medida sanitaria para la contención de este virus, debe conllevar una decisión económica proyectada a una futura activación de nuestra economía, caso contrario, el riesgo sanitario que se pretende evitar hará que esas medidas expongan a un alto riesgo a nuestra economía.

Esta emergencia no debe dar lugar ni espacio para que se atropellen las leyes. Es en este momento cuando todos debemos unirnos y lograr que se escuche nuestra voz. No podemos ser indiferentes ni un minuto. Debemos defender nuestro sistema democrático, fortalecer la libertad y hacernos sentir como ciudadanos amantes de la paz.

Costa Rica vale la pena y somos sus hijos los encargados de velar porque siga siendo una tierra libre y próspera, donde todos nos sintamos comprometidos por vivir siempre en paz y en total libertad.