A propósito de la Reforma al Empleo Público
Nadie discute que hay un rezago en el impulso a reformas estructurales en Costa Rica y una de las más urgentes es una reforma integral del estado costarricense. Estamos seguros de que en general, una mayoría ciudadana estaría de acuerdo en que el Estado debe ser más eficiente y eficaz. Tampoco habría discrepancia en la percepción de que hay excesiva centralización, burocracia o politización y que estas patologías hay que enfrentarlas como parte de su naturaleza y composición.
Pero a propósito de la discusión de la reforma al empleo público, es fundamental señalar que esta reforma no pueden ser un objetivo en sí mismo. La corrección de estos vicios no debe ser usados como pretexto para desmantelar el Estado, y muy particularmente el estado social de derecho cercenando su capacidad para garantizar bienestar para el mayor número de costarricenses.
La razón de la reforma del estado es hacer que el aparato estatal tenga una gestión pública eficiente, así como una mejor producción y distribución de los bienes y recursos públicos en procura de una sociedad más equitativa e inclusiva en todas las dimensiones del desarrollo nacional.
Una parte del problema, como producto del temor al cambio o deseo irracional de negar la realidad, es la de insistir dogmáticamente que hay una dicotomía entre Estado y Mercado como si estos fueran conceptos excluyentes ignorando que ambos tienen virtudes y debilidades. No vamos a resolver nuestros problemas ni estatizando el mercado ni privatizando el estado, sino creando alianzas o sinergias renovadas, transparentes y dinámicas entre lo público y lo privado aprovechando el dinamismo de este último, pero teniendo en cuenta el interés público cuyo garante es el Estado.
En este sentido, la Costa Rica que hoy tenemos se debe precisamente a la construcción de un pacto social entre el estado, el sector productivo privado, la academia y la sociedad civil organizada. Sin lugar a dudas, este pacto hay que reconstruirlo para que no comprometa aún más la gobernabilidad democrática de nuestro país.
Pero es menester dejar claro que, a pesar de la necesidad de replantear o perfeccionar nuestro modelo de desarrollo con miras a lograr una mayor inclusión en lo social y productivo, Costa Rica ha sido uno de los países más exitosos en América Latina con un régimen democrático estable y un estado social de derecho que garantiza acceso casi universal a servicios de educación primaria y salud, pensiones y políticas innovadoras de sostenibilidad ambiental. Y esto no es producto de la casualidad, sino de la virtuosa relación entre los actores antes mencionados, sector productivo privado y estado.
Hoy que finalmente estamos impulsando algunas de las reformas más urgentes en materia fiscal y de empleo público, es importante que no se olvide lo anterior, si queremos conservar y aumentar los logros ampliamente reconocidos de nuestro desarrollo.
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