Frente empresarial demanda al presidente Solís destituir a funcionarios involucrados en el llamado caso del “cementazo”

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), demanda que se investiguen todos los incidentes relacionados con la importación de cemento chino, el otorgamiento de un préstamo millonario y el posible tráfico de influencias.

Por esta razón, hoy, 50 de las cámaras que forman parte de UCCAEP, levantan la voz para exigir claridad en las investigaciones, las cuales deben de ser exhaustivas y llegar a las últimas consecuencias, pues de ninguna manera este tema, el cual ha lesionado la institucionalidad costarricense, debe quedar impune.

Para el sector productivo, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, debe separar a todos los funcionarios que estén involucrados en los hechos cuestionados; y si bien, las responsabilidades civiles o penales se dilucidarán en las instancias correspondientes, existe una pérdida de confianza y una responsabilidad política ineludible que debe ser atendida de inmediato. Las actuaciones de la semana anterior de la Corte Suprema de Justicia, deben servir de ejemplo para el Poder Ejecutivo.

“El viceministro de Hacienda Fernando Rodríguez, debería ser removido. Alegar o pretender justificar sus actos ante la Comisión Especial Investigadora, de que fue engañado por el diputado Víctor Morales Zapata, más bien da mucha más razón para solicitar la inmediata separación del cargo. En aras de la congruencia, consideramos que, así como el señor presidente le solicitó al diputado Morales Zapata la separación de su cargo, el grado de involucramiento que hasta ahora se conoce mantuvo el viceministro Rodríguez con la importación del cemento chino y su agilización en el proceso de aduanas, es una razón de peso para su destitución”, manifestó Franco Arturo Pacheco, presidente de UCCAEP.

“Además, la intervención o no del director de la DIS, Mariano Figueres, debe aclararse. Preocupa que su nombre ha salido a relucir, en este y otros casos. Una persona de confianza del mandatario y con la información de seguridad que maneja, debe dar cuentas claras sobre su participación en los hechos; y, sobre todo, tener control sobre lo que se dice o hace a nombre del presidente de la República. Es inexplicable cómo no detectaron lo que a Morales Zapata le atribuyen, y que hoy involucran el nombre del presidente en un caso tan delicado y con tantos cuestionamientos. Por casos mucho menos polémicos, se han separado y hasta destituido a otros funcionarios de la actual administración”, resaltó Pacheco.

En días pasados y producto de las publicaciones en medios de comunicación sobre denuncias judiciales y las declaraciones que diera el diputado Víctor Morales Zapata, es que UCCAEP tomó la decisión de desconocerlo como interlocutor en todo tipo de negociaciones que llevaba con el sector.

Por otra parte, el presidente de la Unión de Cámaras recalcó que los llamados “empresarios” vinculados en estos casos no representan los valores y principios que se promueven desde la UCCAEP. “La mayoría de los empresarios buscamos al gobierno para promover herramientas de desarrollo, propiciar el avance del país y mejorar la forma en cómo vivimos los costarricenses. La UCCAEP y el sector productivo nacional, repudiamos todo acto de corrupción en donde se involucre a personas que nada tienen que ver con nuestro sector formal”.

Celeridad en la investigación

La UCCAEP comprende la complejidad de la investigación en manos del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero las recientes informaciones cada vez más serias sobre el posible tráfico de influencias y corrupción en las altas jerarquías de los Poderes de la República, preocupan en demasía al gremio.

“Al Ministerio Público, y particularmente a la señora Fiscal General, le ofrecemos nuestro apoyo en lo que requieran, así como nuestro voto de confianza y esperanza de que procurarán llevar a cabo las investigaciones pertinentes con la mayor celeridad posible, y sobre todo con absoluta transparencia, que es lo que necesita en este momento el país. Ya no estamos ante situaciones hipotéticas o rumores, como se había manifestado anteriormente por parte de la Fiscalía, sino ante una peligrosa red que vemos desde afuera como un contubernio de personas e intereses mal sanos”, reiteró Pacheco.

Para la UCCAEP, la Procuraduría está llamada a prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública; incluso, el Código Procesal Penal le otorga la posibilidad de ejercer directamente la acción penal en ese tipo de casos. Si bien esta entidad recién la semana anterior anunció investigaciones en este caso, se consideran tardías, aunque positivas.

Urgente intervención

Una de las alertas más grandes del sector productivo es el tema bancario; de ahí que se considera urgente e indispensable intervenir a fondo la forma en que se aprueban las operaciones crediticias en la banca, pues el Superintendente de Entidades Financieras, Javier Cascante alertó que los informes que emite SUGEF no son vinculantes.

Por igual, la SUGEF y Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (           CONASSIF) deben intervenir de inmediato en cómo elevar el nivel de los requisitos mínimos para integrar las Juntas Directivas, y que sobresalgan criterios de idoneidad y rigurosidad que tiendan a erradicar el criterio político en estos procesos de selección.

Por ejemplo, el manejo del Poder Ejecutivo en la remoción y escogencia de los miembros de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica no ha sido el mejor. Los candidatos fueron “entrevistados” por teléfono, y el proceso de suspender a los anteriores miembros, pareciera no estar apegado a derecho. Lejos de transparentarse la situación, hay una percepción en la ciudadanía de que se quiere ocultar algo.

Esta situación pareciera reflejar una nefasta influencia política e indebida intervención de funcionarios públicos en negocios bancarios, con lo que comprometen la gestión de esa importante entidad financiera estatal y a la seguridad que debe generar ésta última.

Para el sector productivo, y generador del 86% de la mano de obra en el país, no se puede exponer el prestigio y la imagen de Costa Rica ante el mundo, pues muchas empresas del sector privado podrían verse afectadas en sus operaciones y el país podría enfrentar situaciones como déficit de créditos, lo que encarecería los fondos a captar en certificados de depósito y de crédito.

“Es necesario pensar en el futuro y el desarrollo del país; que los candidatos presidenciales demuestren con sus actos que están decididos a combatir la corrupción y por el bien de Costa Rica, devolver la confianza y credibilidad en el sistema político, pues debemos evitar a toda costa que este tipo de situaciones desalienten la participación cívica y se deje de lado la discusión de ideas y propuestas en la campaña electoral”, finalizó Pacheco.