Epidemia de sellos negros
Recientemente se ha conocido la iniciativa de Ley 22.065, que pretende establecer sellos negros de advertencia, sobre el contenido de azúcares, grasas y sodio en los alimentos. Las buenas prácticas de información nutricional, hacen necesario llamar la atención sobre un propósito legislativo que, lejos de informar, se acerca a una coordinada campaña de incidencia política, que busca presentar al consumidor una imagen negativa de estos nutrientes, para provocar una reacción de rechazo hacia el producto.
Los industriales de alimentos y los actores del sistema productivo, hemos mantenido el mercado abastecido en tiempos de pandemia; nuestro accionar responsable, no solamente evitó una mayor destrucción de empleos, sino que denota un amplio compromiso con la protección de la salud del planeta y de los consumidores. La responsabilidad con que asumimos estos retos, nos ha permitido innovar una buena parte de la oferta de productos, orientados a atender diversas necesidades nutricionales, tanto por carencias como por excesos, por lo que, sin vacilación, apoyamos el principio de transparencia de la información nutricional. Consumidores educados y empoderados, construyen dietas balanceadas, a partir de información clara, útil y veraz.
Consta en el expediente legislativo de la Comisión de Asuntos Sociales, los criterios técnicos de los ministerios de Comercio Exterior y Economía, en clara oposición al proyecto de ley de los sellos negros. Ambas instituciones defienden la seguridad jurídica y el respeto a la institucionalidad con que se debe abordar la normativa alimentaria y, han reiterado, que la materia de reglamentación nutricional no es competencia de la Asamblea Legislativa, sino de los mecanismos creados por el Acuerdo de Integración Regional Centroamericano. Igualmente, han señalado la distancia que dicha iniciativa toma de compromisos internacionales que el país respeta y lidera con organismos mundiales como el CODEX ALIMENTARIUS o la Organización Mundial del Comercio.
La carencia de sustento científico, la inexistente demostración de eficacia del uso de sellos negros de advertencia, el abusivo uso de sanciones y la falta de pericia en la redacción del texto de ley, deja claro el sesgo anti empresarial, promovido desde realidades ajenas a nuestro entorno nacional. No es con narrativa conflictiva hacia la empresa privada, ni excluyendo al productor nacional de los procesos de diálogo participativo, inclusivo y transparente, como se ejercitan los mecanismos de construcción normativa que protege a los consumidores.
Se equivocan quienes señalan resistencia alguna por parte del sector alimentario para mejorar la información al consumidor. La verdadera discusión se centra en una iniciativa de ley inviable, no por el fin plausible que encubiertamente sugiere su título, sino por su génesis, su gestión, su forma, su fondo y sus impactos.
No permitamos que activismos mal encausados, promovidos desde dudosos grupos de interés, minen el ambiente de credibilidad mutua que ha caracterizado el diálogo entre la industria y el sector salud. En lo relativo a política nutricional, esa sana relación ha construido grandes avances; aboguemos porque esta no sea la excepción.
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