Conciencia para vivir en democracia
Todas las personas queremos vivir en libertad y tener la posibilidad de actuar de acuerdo con lo que consideramos mejor o más apropiado para nosotros y para quienes nos rodean. Esas decisiones, que obedecen a nuestras convicciones más íntimas, son las que determinan nuestro propio plan y estilo de vida.
Todos tenemos el derecho a que el Estado vele por esas facultades y proteja nuestra capacidad de vivir de acuerdo con los dictados de nuestra propia conciencia, sin ser forzados a proceder en contra de lo que creemos, de lo que somos, de lo que consideramos importante. Por estas razones, la mayoría de los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración votamos a favor el proyecto de ley que tutela la objeción de conciencia. Tomamos este paso luego de veinte meses de análisis y con el claro interés de proteger lo que la Sala Constitucional ha definido como un derecho humano fundamental.
Lo hicimos convencidos de que es necesario brindarle protección jurídica a ese núcleo íntimo que todos tenemos, sin importar si su naturaleza es religiosa, secular o filosófica. Apoyamos esta iniciativa para asegurar que todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos en todos los ámbitos, sin inconveniente alguno. Al redactar esta iniciativa en mi despacho, tuvimos el cuidado de que estuviera acorde con la Declaración Universal de Derechos Humanos, a fin de lograr que ninguna persona sea obligada a realizar –y/o a omitir- alguna labor o función que implique renunciar a los principios, convicciones, ideas, filosofías o creencias sobre las que rige su vida.
Este proyecto también busca fortalecer nuestra democracia, pues se basa en algunos de los principios que le dan solidez a nuestro sistema político: le da voz a todos los sectores, armoniza las potestades y los derechos de todos los habitantes, equilibra las exigencias del bien común con los intereses individuales.
Ese balance permite respetar los derechos de los objetores, pero también del resto de miembros de la comunidad. Por eso, el proyecto no implica el deterioro de la calidad de los servicios públicos; su intención no es afectar a terceros ni interrumpir o dañar la atención de los costarricenses en las instituciones del Estado.
Otro de sus objetivos es modernizar la legislación y ajustarla a los cambios que ha experimentado nuestra sociedad. Desde una perspectiva de los derechos humanos y de la adecuada convivencia social, procura heredarles a las futuras generaciones una herramienta que impida la discriminación y que evite que las personas se vean obligadas a renunciar a esa conciencia interna que guía sus decisiones.
Todos estos elementos hacen que esta iniciativa sea la más vanguardista en la protección de los derechos de todos los costarricenses, superando incluso la moción que este diputado logró incluir en el proyecto de empleo público, que tutela la objeción de conciencia en temas relacionados con la capacitación de los empleados públicos.
Todos merecemos vivir en libertad, actuar de acuerdo con nuestra propia conciencia y esperar que el Estado proteja esos derechos. Son razones de mucho peso para que este proyecto sea aprobado sin demora en el Plenario legislativo; quien se oponga lo hace pensando en el beneficio de unos pocos y no en el disfrute de todos por igual.
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