No existe seguridad ciudadana ni jurídica, efectivas menos protección al consumidor

Sorprendente escuchar a los funcionarios de “La Oficina de Protección al Consumidor”, Defensoría de los Habitantes y diversos organismos de justicia y seguridad, por diversos medios, elegantes, casi convincentes y demagogos discursos cuyo común denominador es la impecable vestimenta y buena dicción.

Impecable vestimenta, perfecta dicción, si a los hechos remitimos los resultados, lastimosamente quedan en evidencia los falaces discursos colmados de promesas, estadísticas rebuscadas y castillos en el aire, los que se despedazan contra la dura realidad que afecta crudamente la maltratada sociedad costarricense.

Pareciera que la inspección de precios de los productos, incluyendo los de la canasta básica y toda clase de servicios, lo manejan a control remoto desde un escritorio; hace décadas de forma conveniente para algunos inescrupulosos comerciantes, desaparecieron los inspectores que protegían al consumidor.

Pareciera que la usura se invisibiliza, ésta dolorosa realidad no llega al conocimiento de los inoperantes escritorios, mas si llegara, por un oído entró, por otro salió y el consumidor lo pagó; la bolsa del consumidor no da más; los abusos usureros de la intermediación gozan de impunidad, tolerancia y silencio de algunas autoridades.

De todos conocido que los precios fluctúan por la libre, diferencias de precios hasta de tres veces, diferencias que enriquecen a algunos comerciantes y empobrecen a la población.  ¿De qué lado están las autoridades?, la respuesta pareciera ser evidente, del de algunos comerciantes que de cien en cien colones cometen un robo hormiga en contra del consumidor.

La publicidad engañosa está la orden del día, así como la práctica de mostrar en los anaqueles un precio menor al cobrado luego en caja, de lo que pocas veces se percata el confiado consumidor; a esto súmele el auto cobro casi obligatorio, que favorece el desempleo nacional.

El alto costo de vida, el desempleo, las irregularidades de algunos, la inseguridad ciudadana, todo esto promueve lo que se llama una sociedad suicida; además envejecida por una tasa de natalidad decreciente, sociedad que no tendrá la cantidad necesaria de personas jóvenes para sustentar la producción nacional y así producir la riqueza que genera bienestar para todos.

El funcionamiento del Ministerio de Trabajo pareciera que se inclina a favor de algunos patronos, ya que el reclamo del trabajador deberá esperar años para una resolución, otros más para que el patrón denunciado, a cuentagotas cancele la justa obligación pendiente desde años atrás, obligación retardada que favorece a los patrones responsabilizados de incumplimiento.   

Finalmente la impunidad pareciera ser un derecho adquirido por algunos delincuentes, motivada por un perverso jueguito; los policías atrapan a los delincuentes, luego algunos juececitos los sueltan y así se concreta un peligroso círculo vicioso que, fomenta la impunidad, la inseguridad ciudadana y destruye la paz social. Es increíble la irresponsabilidad, el irrespeto y la inconsciencia de algunos funcionarios del  Poder Judicial, contra la dignidad y vida humana.