Atentar contra el derecho al acceso a la vivienda es un retroceso
La normativa internacional reconoce, como derecho humano, el acceso a una vivienda que permita a las personas un espacio adecuado donde vivir, con infraestructura básica, para que la familia tenga seguridad, servicios elementales y sobre todo una vida digna.
El Estado, como tal, tiene la responsabilidad y el deber, de crear y fijar las condiciones necesarias para que el acceso a la vivienda sea un derecho real para todos los ciudadanos, especialmente, los de menor condición socioeconómica.
Esa es razón de ser del Bono Gratuito de Vivienda creado en 1990, mediante el cual el Estado apoya, en forma solidaria, aquellos cuyos exiguos ingresos les hace imposible adquirir una casa donde proteger su dignidad y salvaguardar su integridad y la de su familia.
Con esta disposición el gobierno cumplía con su obligación de garantizar vivienda para los más pobres, atendía a una necesidad sentida y respondía al anhelo del costarricense de contar con una vivienda propia.
Durante estos 32 años de vigencia del Bono Gratuito se han beneficiado más de 420 mil familias, quedando demostrado que el programa ha cumplido con su cometido; es posible que un 1% de esos bonos hayan sido mal otorgados, lo cual entra dentro del margen de error de cualquier institución, pero también es cierto, que desde hace 10 años, contamos con el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, que garantiza hoy una mejor escogencia al momento de seleccionar a los beneficiarios de los programas del Estado.
Por ello sorprende la iniciativa presentada ante el Congreso que busca la eliminación del Bono Gratuito y las Mutuales de Ahorro y Vivienda, que por más de 60 años han apoyado a los sectores más humildes. El Bono Gratuito es un subsidio que se otorga a familias para ayudarles a pagar el préstamo de las mutuales y se fija de acuerdo con su capacidad financiera. Sin este subsidio sería imposible para miles de familias adquirir una vivienda.
Desde 1940, con el primer programa de casas baratas, el Estado costarricense garantizó, para los sectores más humildes, el derecho a una vivienda digna.
Hoy, cuando la pobreza toca a miles de familias, la eliminación del Bono Gratuito representa un retroceso, una falta de solidaridad y una violación a un derecho fundamental.
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