La regulación de los servicios públicos

Cada vez que hay aumentos en las tarifas o precios de los servicios públicos, surgen protestas de la población, no solo contra el aumento sino contra la Aresep. No son pocos quienes piden el cierre de ese organismo y, en consecuencia, pasar sus funciones a las instancias políticas, como era antes de existir ese ente regulador. Aunque hay mucho por mejorar, el peor de los mundos sería desproteger a los usuarios.

En muchos servicios públicos, no puede operar un mercado competitivo que nos dé un razonable precio de equilibrio. El usuario está amarrado pues necesita los servicios, mientras las empresas que los prestan tienen el poder de abusar de ellos como más les convenga. Un organismo como la Aresep, es necesario e inevitable, aún con sus defectos.

Por muchos años se creyó que pasar esas actividades al gobierno sería el mecanismo adecuado para operar con tarifas justas. La experiencia en todo el mundo mostró que no existe un estado altruista. Las empresas públicas sustituyen el lucro por beneficios para los burócratas, con el descuido absoluto de la calidad y la eficiencia.

Servicios como la electricidad, los combustibles y el agua están dominados por entes públicos u otros organizaciones, sin fines de lucro, como cooperativas y asociaciones, las cuales mantienen mercados cautivos en que los usuarios carecen de mecanismos para defenderse de los abusos en calidad ni en tarifas. La regulación es indispensable.

Un servicio vital como el agua, dominado por un ente estatal, se encuentra en una situación más que crítica, pues por más de 20 años no se han realizado las inversiones mínimas necesarias, se han dejado vencer préstamos obtenidos para proyectos indispensables y han convertido al país en deficitario en la provisión de agua potable para los hogares, cuando vivimos en una tierra privilegiada, con agua abundante. Si la Aresep no fijara sus tarifas, probablemente tendríamos también uno de los servicios más caros del mundo.

La prestación del servicio de autobuses está a cargo de un grupo de empresarios privados, elegidos a dedo político, en condición de monopolio, en cada ruta. El servicio es deficiente, desorganizado y descoordinado. Si además las tarifas se dejaran por la libre, los usuarios estarían pagando probablemente más del doble al precio correspondiente al de un mercado competitivo.

La Aresep debe a los costarricenses una mejora continua en las metodologías y parámetros operativos, por lo menos una vez al año. Urge una fijación nacional ordinaria de las tarifas de autobús para eliminar las fijaciones extraordinarias y muchas otras mejoras.

Hay cambios legales que duermen el sueño de los justos en el Congreso. Debe erradicarse cualquier influencia política y un refortalecimiento de la entidad, lastimosamente deteriorada, por razones políticas y el poder de los operadores.

Con todos sus defectos, no podemos prescindir de la regulación.