Posible “apagón” de radios y televisoras en Costa Rica preocupan a la APR y UNARCA

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Posible “apagón” de radios y televisoras en Costa Rica preocupan a la APR y UNARCA
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La inminente posibilidad de un «apagón» de la radio y la televisión y su consecuente efecto en la libertad de expresión para los habitantes en Costa Rica, se ha convertido en una preocupación regional, la cual advertimos, el responsable de esa vergonzosa eventualidad es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) del vecino país, cuyas autoridades políticas han incurrido en graves y reiteradas omisiones al definir la situación jurídica de las concesiones del espectro radioeléctrico.

El plazo de 20 años establecido para las concesiones de uso de espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión abierta y gratuita empezará a caducar el próximo 28 de junio en caso de que no exista un acto administrativo que prorrogue dicho plazo, los operadores no estarán autorizados para seguir utilizando dicho bien demanial y, por ende, deberán suspender las transmisiones de las radioemisoras y televisoras generando “un apagón” a nivel nacional.

Para seguir garantizando los derechos fundamentales de expresión e información es necesario que se prorroguen estas concesiones. Acto que le corresponde al Poder Ejecutivo.  Para que la prórroga de las concesiones suceda, el ordenamiento jurídico establece que debe existir una solicitud expresa por parte de los concesionarios; hecho que sucedió en diciembre del 2022, mes en el que éstos efectuaron dicha gestión ante el MICITT.

Cabe destacar que a pesar de que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) ya emitió las recomendaciones de ley, el MICITT aún no ha resuelto ninguna de las solicitudes realizadas por los operadores, lo que genera inseguridad jurídica, ya que no existe certeza de cómo lo resolverá finalmente el Poder Ejecutivo costarricense.

 En virtud de lo anterior, APR  y UNARCA expresan su profunda preocupación de que pueda darse en el hermano país de Costa Rica un apagón de los medios formales, privados e independientes; lo cual implicaría un grave perjuicio a la institucionalidad democrática en ese país.

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