La prevención de la violencia es deber de todos

Ante la situación de violencia entre estudiantes, conocidos en el país durante las últimas semanas, el Colegio de Profesionales en Orientación desea manifestar a la opinión pública su profunda preocupación, no solo por cada lamentable caso suscitado, sino por el aumento de los hechos delictivos que involucran a personas menores de edad.

Consideramos que es momento de que los tres poderes de la República, diferentes actores nacionales y la sociedad civil unamos esfuerzos para revertir el aumento de la violencia en Costa Rica.

Abogamos por una revisión, tanto de los protocolos de actuación, como de lo normado en cuanto al debido proceso en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes del Ministerio de Educación Pública para la atención de estas situaciones.

Creemos que en este y en todos los casos en que sea necesario, es oportuno que se dirijan las investigaciones respectivas para valorar la actuación de las autoridades a cargo. Sin embargo, abogamos por el respeto al debido proceso y al derecho a la defensa que asiste a todas las personas.

Recordamos a las familias, su papel fundamental en cuanto a la protección, formación, supervisión y educación de las personas menores de edad. La familia es clave en la formación de seres humanos responsables, empáticos, autónomos y respetuosos del orden social.

En medio de estas circunstancias, insistimos en nuestra preocupación, manifestada ya previamente a las autoridades ministeriales, en relación con la cantidad de profesionales en Orientación asignadas por cada centro educativo.

En un centro de educación de secundaria, existe solo un profesional en Orientación por cada 300 estudiantes. Esto quiere decir que, por ejemplo, por cada mil estudiantes, solo hay tres profesionales en Orientación y en primaria son aún menos. Estas personas, además de atender estas situaciones de violencia, deben impartir lecciones, dar atención individual a estudiantes, atender padres de familia, asesorar al personal docente, dar acompañamiento técnico en los debidos procesos, cumplir labores administrativas y otra serie de funciones adicionales.

Todo eso, configuran escenarios que pueden sobrepasar la capacidad de los profesionales en Orientación y, también, va en detrimento de la calidad del servicio al que tiene derecho de recibir la población estudiantil.

Esperamos que no sea necesario que sucedan más actos violentos para que como sociedad decidamos unir fuerzas para abordar la realidad.

Recalcamos y reconocemos nuevamente el aporte diario y el valor de los Orientadores y les instamos a seguir ejerciendo con responsabilidad, compromiso y vocación. Ahora más que nunca, Costa Rica nos necesita.