Nuestra democracia

En democracia siempre es recomendable elegir autoridades que posean profundas raíces cívicas y democráticas. Las autoridades que creen en la democracia con sus palabras, sus actuaciones y sus hechos tienden a fortalecer la misma y como consecuencia al estado de derecho.

Todos los costarricenses debemos procurar en todo momento el fortalecimiento de nuestra institucionalidad y de nuestras leyes. Se busca elegir siempre a demócratas comprobados, esperando que ellos fortalezcan en todo momento el sistema y no busquen debilitarlo. Nunca una autoridad demócrata busca debilitar, falsear o desacreditar a otro de los poderes ni al sistema.

Nadie está exento de cumplir con las leyes. Ninguna autoridad puede incumplir con deliberación la constitución ni las leyes sin esperar las consecuencias previstas.

Cuando, obra de las circunstancias y de sus intereses u objetivos políticos, las autoridades deciden no hacer cumplir la ley, sino desafiarla, el régimen legal les señala como delincuentes de sedición. Sedición es la rebelión contra el orden público, contra la ley, contra el orden constitucional.

El pueblo en Costa Rica está representado por los diputados reunidos en la Asamblea Legislativa. Ni el presidente de la República, ni los magistrados del Poder Judicial ejercen esta representación popular. Nadie, salvo los depositarios de la soberanía, puede ejercer la representación popular. Hacer lo contrario es usurpar funciones y es romper con la ley.

Nadie puede afirmar ser representante del pueblo o desafiar las sentencias de los tribunales o las leyes y la constitución de nuestro país. Esto equivaldría prácticamente a un golpe de estado y al quiebre de la legalidad. Las consecuencias de acciones destructivas y desestabilizadoras de este tipo serían catastróficas, impensables e indeseables.

Las elecciones de la cabeza del Poder Ejecutivo nunca han sido un cheque en blanco, para que éste haga lo que quiere y no lo que debe hacer de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Las autoridades electas tienen la obligación de fortalecer la democracia y de perfeccionar las leyes. Las autoridades electas tienen un límite a lo que pueden hacer. En derecho público las autoridades pueden hacer solamente lo que la ley expresamente establece, no lo que su voluntad persigue.

Una sentencia de la Sala Constitucional puede no agradar a las autoridades, pero es una sentencia siempre de carácter obligatorio para todos en Costa Rica. No es asunto de cumplir solamente las sentencias que nos agradan. Todas las sentencias deben de ser acatadas.

La esencia del estado democrático consiste en la fortaleza de sus instituciones y en los límites que el ordenamiento jurídico establece para todos. Dicho ordenamiento jurídico es el que impide a los gobernantes abusar de su poder y al mismo tiempo evita que la sociedad caiga en la barbarie.