La ley de Extinción de Dominio: Una respuesta al crimen organizado.
Costa Rica es terreno fértil para nuevos ricos poseedores de fortunas de procedencia ilegal. El capital que se puede atesorar y disfrutar con el ejercicio de actividades ilícitas, producto de crímenes, de corrupción o blanqueo de capitales, representa un serio peligro para nuestra sociedad en varios frentes.
Por una parte, tenemos las diferentes fases de la actividad criminal que se nutren de capitales espurios. La planificación de delitos, particularmente de aquellos asociados a la delincuencia organizada, requiere de mucho dinero para garantizar la logística del ilícito.
No importa si se trata de tráfico de drogas, de personas con fines de explotación sexual o laboral, de corrupción y sobornos, de venta de armas o de vehículos. Ejecutar estos actos dañinos para la sociedad cuesta millones. Y son muchos los ramales de estas complejas estructuras.
Por otro lado, no menos dañino es el efecto espejo, en que se miran los aprendices, los jóvenes que ven en el crimen el mecanismo de ascenso social rápido hacia una vida de lujos, excesos y despilfarro. La impunidad y la grosera altanería en que viven estos delincuentes millonarios les muestran que el crimen no solamente paga, sino que paga muy bien.
Ante este doble escenario nos encontramos con una institución jurídica, llamada extinción de dominio, una respuesta desde la institucionalidad democrática, para combatir la impunidad y la complejidad organizativa de la delincuencia. ¿Por qué Extinción de Dominio? La razón es que eliminado los incentivos económicos que motivan la actividad del crimen organizado es posible erradicar redes criminales complejas.
Al limitar el poder económico y la capacidad de actuación de la delincuencia organizada fortalecemos la respuesta del país y causamos un efecto de disuasión para que los delincuentes no se establezcan en territorio nacional.
El proyecto de ley que se discute en el Plenario Legislativo es un elaborado esfuerzo por suprimir la propiedad sobre bienes de quienes acumulan grandes patrimonios cuyo origen no puede justificarse.
Resulta fundamental destacar que se trata de un mecanismo basado en la priorización de casos destacados. La persecución se dirige a investigar fortunas que crecen como la espuma.
Es un instrumento contra los capos, los peces gordos. Esos que utilizan sus recursos no solo para el lujo sino también para disponer de un ejército de abogados, contadores y asesores para que nunca se les sancione.
Todo aquel que tiene un patrimonio construido con esfuerzo, grande o pequeño, propio o heredado, producto del trabajo, como tantas familias honestas que han construido este país, no tienen de que preocuparse. Nuestra democracia no puede sucumbir ante el poder del dinero mal habido. En una democracia moderna no puede cuestionarse que el ejercicio de la transparencia alcance al sector privado y al público por igual, cuando por arte de magia aparecen ostentando sus millones surgidos de la podredumbre, la corrupción y la miseria ajena.