Nueva idea de los diputados: impuestos a los alimentos para pagar el problema del sistema de pensiones
Perplejos hemos quedado al conocer una iniciativa de ley, que pretende poner un impuesto específico a una amplia lista de alimentos, orientado a cumplir dos intenciones: reducir el consumo de los mismos y generar fondos para a cubrir el desastre administrativo-financiero del régimen de pensiones IVM de la Caja.
Sobre esta particular idea, algunas reflexiones:
Debemos rechazar de plano, una iniciativa que incrementará el costo de los alimentos, para simplemente pagar un sistema de pensiones, que de la noche a la mañana nos anunció nuestra pobreza futura, pues debido a sus consecuencias a hoy, se nos ha despojado de la posibilidad de contar con una vejez digna. Veamos: ¿desalentar el consumo actual vía impuestos a ciertos alimentos, para financiar un sistema que está en cuidados intensivos?
Por otro lado, los proponentes no deben perder de vista que el financiamiento de este obsoleto sistema de pensiones, es una responsabilidad tripartita: de todos los trabajadores, de todos los patronos y del Estado, nunca lo ha sido, de un sector particular, del sector patronal, ni de los consumidores en exclusiva, tal y como se propone.
Vemos un proyecto de ley cuyas inconsistencias muestran la voluntad de un populismo criollo muy particular: reducir el consumo (léase, dañar a una industria), pero al mismo tiempo, con los recursos de dicho daño, darle dinero a la CCSS. No comprendemos como, una reducción sostenida de la producción tal y como se propone, al encarecer los productos, le va a inyectar recursos sanos a la seguridad social. ¿Sabrán los proponentes, que la reducción del consumo lo único que genera es desempleo y por tanto, un empobrecimiento inmediato de la población y en automático, del sistema de seguridad social?
No podría ser más populista una iniciativa de ley, que define de manera subjetiva y sin ningún fundamento científico, una lista de productos, que según sus proponentes, son dañinos; pero al mismo tiempo establece que, si dichos productos son parte de la canasta básica tributaria, ya no estarán sujetos al gravamen. Es decir, como por intervención divina, una condición tributaria particular, los convirtió en una alternativa nutricionalmente aceptada, vía ley.
Mediante la voluntad de una pluma muy ligera, un grupo de ciudadanos generaron definiciones, que sin ningún sustento serio, determinaron que una importante parte de la producción láctea del país, de la industria de las bebidas, de la chocolatería, de la repostería, de la panificación o la galletería, entre muchas otras opciones, es dañina.
Entonces: ¿Qué se propone para una industria de alimentos y bebidas que en Costa Rica es responsable de más de 100.000 empleos que además son contribuyentes de la seguridad social? ¿Qué proponen para las más de 1.500 industrias formales que viven de estas actividades, donde más del 80% son micro y pequeñas empresas?
Hoy debemos aplaudir a miles de micro y pequeños empresarios que trabajan con las uñas para sostener el empleo en Costa Rica, pero que deben enfrentar este tipo de prejuicios infundados y que muy lamentablemente, deben ahora confrontar iniciativas como estas, que prometen desincentivar el consumo de alimentos inocuos, sanos, de calidad y que cumplen con todos los estándares sanitarios que la legislación nacional exige.
Un mensaje de
José Manuel Hernando Echeverría
Presidente de Junta Directiva
Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria