Urge una negociación política amplia

Si algo puso en evidencia el reciente informe del Fondo Monetario Internacional es que la sostenibilidad del manejo hacendario exige esfuerzos adicionales, más allá de la aprobación, a finales del año pasado, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La misma señal la dieron las calificadoras de riesgo cuando, a pesar de la aprobación de esta ley,  decidieron bajar la calificación de riesgo del país y, de paso, nos pusieron en perspectiva negativa.

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional el ajuste  que implica la ley aprobada se quedó corto, el endeudamiento  del Gobierno Central seguirá creciendo hasta llegar al 61,5% del PIB en el año 2023. Por lo que sugiere que se incrementen los impuestos en el equivalente a 0,75% del PIB. Esto representa unos ₡ 280.000 millones en impuestos adicionales.

Desde luego la reacción no sea hecho esperar, tanto por parte de quienes apoyaron la reforma aprobada, como por parte de quienes  se opusieron. Quienes apoyaron la reforma insisten en que el recorte del gasto debe ser el camino del ajuste, pues los nuevos impuestos van a tener severos efectos negativos en el esfuerzo de reactivación económica.

Sobre el tema de los recortes se debe recordar que, en base a cálculos del Banco Central de Costa Rica, la contención del gasto por ajustes salariales y por aplicación de la regla fiscal deberá ser del orden del 2,14% del PIB en el 2022, como  ₡ 800.000 millones al día de hoy. Ese recorte grande de recursos, tendrá también efectos negativos en la actividad económica.

Tan dañino puede ser incrementar los impuestos como hacer el enorme recorte de gasto previsto; por ambos lados se resta capacidad de compra a los consumidores nacionales, se contrae la demanda interna y se desincentiva  la inversión productiva. La hoja de ruta implícita en la ley aprobada el año pasado tiene efectos negativos sobre la reactivación económica.

El cuadro descrito lo que nos dice es que la discusión sobre la naturaleza y profundidad del ajuste sigue siendo motivo de disputa. Y la comunidad internacional sigue dudando sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Ante esta realidad, bien harían las autoridades gubernamentales y los sectores políticos, empresariales, sindicales y otras organizaciones sociales en sentarse, de una vez por todas, a concertar una ruta desarrollo nacional de largo aliento, compartida, equitativa y sostenible. Sin la menor duda con esto se abre un espacio para el reparto de las cargas, y para definir esquemas de financiamiento del Gobierno, sea a nivel interno o por medio de los eurobonos, decisión que tanto urge.

La ley aprobada no parece ser suficiente y las circunstancias  demandan nuevas negociaciones. El Gobierno debe sentarse, cuanto antes, con todos los sectores. El diálogo y la negociación siempre nos han acompañado a lo largo de nuestra historia.