Anuncian silencio

El Gobierno de la República le ha advertido a  la población del país, que en caso de producirse un apagón de las señales de Radio y Televisión  costarricense, aquello será responsabilidad única y exclusiva de la Superintendencia General de Telecomunicaciones, conocida como, la SUTEL.

No lleva razón el Gobierno en el diagnóstico del problema ni en la cura. Tampoco en el origen, en las causas, ni en la dimensión de los efectos no queridos como consecuencia de su inacción anunciada y reiterada, en un asunto de política pública tan fundamental, como lo es resolver, con arreglo a la Constitución y a la ley, sobre los contratos suscritos y vigentes con los operadores de los servicios de radiodifusión en Costa Rica.

Pese a lo afirmado por esas autoridades, lo cierto es que la materia es de su a única y exclusiva competencia, y debe asumir su trabajo sin dejar de tener por cierto que por las condiciones, alcance y estructura de aquellos servicios, son el único medio de comunicación de libre alcance y gratuito acceso para toda la población.  Los plazos de vigencia de esas concesiones deben ser prorrogados si no existe objeción  de conformidad con la normativa vigente al momento de firmarse aquellos contratos, y no otra, pues es aquella normativa la que debe aplicarse en consonancia con las propias concesiones legalmente convenidas, pues es aquello y no el libre arbitrio de los administradores de turno, lo que determina las condiciones y prórrogas expresamente acordadas y que están investidas de un indudable, marcado y constitucionalmente reconocido interés  público, en beneficio de la totalidad de la población costarricense.

Hace no mucho tiempo, la radiodifusión y su defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las libertades públicas y derechos de información y prensa, ya tuvo que enfrentar las atroces iniciativas y pretensiones del Partido Acción Ciudadana que procuró instaurar la Mordaza y el Silencio en el debate de la opinión pública nacional. No tuvieron éxito entonces y no lo tendrán ahora!

No existe diferencia entre las medias verdades y la mentira.  En la materia a la que se refiere este comentario, si bien es cierto que el impuesto por los contratos de concesión, que permiten el uso del espectro radioeléctrico, es un costo que las empresas de radiodifusión deben pagar, y que este impuesto debe ser traído a valor presente, tal y como, la Cámara Nacional de Radiodifusión “CANARA”, lo ha requerido sin éxito a la Asamblea Legislativa por más de 16 años, y a cuanto menos 4 distintos Gobiernos.   

Lo que no se dice es que aquel costo, no solo no es al único, ni por mucho menos el más significativo que deben asumir las empresas de radiodifusión para poder cumplir con sus obligaciones con el Estado, y poder brindarle sus servicios a radioescuchas y televidentes, satisfaciendo los requerimientos impositivos, técnicos, administrativos, tecnológicos, materiales y humanos necesarios para su correcto funcionamiento, y poder cumplir con sus obligaciones y realizar los propósitos expresamente acordados con el Estado, en cada uno de sus contratos, en estricta sujeción a la normativa aplicable a aquellos.

No es de recibo que el Gobierno pretenda hacerle creer a las personas una gran mentira, que como son siempre aquellas, necesitan esbozar al menos una pequeña parte de verdad que las haga cuanto menos creíbles.   Lo afirmado hasta ahora por el Gobierno, para ser comedido, es al menos muestra de ignorancia, porque decir que las empresas de radiodifusión costarricenses, abusan pagándole al Estado una miseria, cuando por la publicidad cobran millones por segundo y se enriquecen, no es otra cosa más que mala fe.   

La publicidad es otra cosa, un mercado distinto!.  No es el de la radiodifusión y nada tiene que ver con sus concesiones, aunque la publicidad sea, por mandato de ley, la única fuente de financiamiento del que puede disponer la radiodifusión para que los costarricenses puedan recibir de forma abierta y gratuita las señales de telecomunicaciones que les emiten.

Los creadores de la publicidad le pagan impuestos al Estado por lo que le facturan- entre muchos otros a la radiodifusión, y las empresas de radiodifusión también los pagan al mismo Estado por ese concepto, además de por los contratos de concesión, que también pagan pero son otra cosa.  Pero la radio y la televisión también le pagan a las Municipalidades, al MINAE y a los Parques y Reservas Naturales, donde se debe ubicar su infraestructura para poder brindarle cobertura a todo el país y a todos sus habitantes, sin distinción de ningún tipo, entre muchos otros.

Es claro y puede afirmarse que existen importantes capitales extranjeros interesados en hacerse con el control de la radio y la televisión costarricense.  Estos medios, que se han defendido y adaptado a la continua y sana evolución de las tecnologías, no podrán competir con el atropello del cuantioso dinero, interesado en cambiar culturas y monopolizar su discurso. 

El Modelo de Costa Rica  en la radiodifusión ha sido ejemplo en muchas partes del mundo; destruirlo, quebrantando los contratos vigentes o conservarlo en respeto a aquellos, es tarea que debe asumir el Poder Ejecutivo, sin buscar la forma de desatenderse de aquello.  En sus manos está, por mandato democrático, resolver si aquello se vuelve en el sonido de la armoniosa melodía creada con los ”Sonidos del Silencio”, o en el terrorífico epitafio que reseña el “Silencio de los Inocentes”, … no permitamos que nos impongan esa segunda realidad!. ¨