Aumentar impuestos no es la única herramienta para balancear finanzas estatales
En días recientes hemos sido avisados por representantes de la administración Alvarado que están con el dedo en el gatillo sobre su intención de aumentar otra vez la carga tributaria a los costarricenses para rescatar las precarias finanzas del Estado tras la lucha contra el COVID-19
Tanto la ministra de Planificación, Pilar Garrido, como el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, han mencionado su intención de girar la perilla del IVA para dotar de ingresos frescos al país y ponerle más peso en las espaldas de los costarricenses para bajar el déficit financiero del país que podría alcanzar la escandalosa cifra del 10% del PIB al final del 2020.
No es de recibo que la ministra Garrido amenace al pueblo con la posibilidad de nuevos impuestos a menos de que “nos portemos bien”. Tampoco se trata de que el presidente del Banco Central revele sus intenciones sobre el aumento del IVA al 15% y luego se escude en que fue una “simple sugerencia”. Más bien esperamos que el aparato estatal sea responsable, mande las señales correctas a los mercados internos, cumpla con su obligación de recortar gastos y administre sus ingresos adecuadamente en una crisis fiscal.
Insertos en la posible peor crisis económica mundial en los últimos 50 años, las cabezas del equipo económico de este gobierno solo piensan en un lado de la ecuación: que la cuenta la paguen los costarricenses.
No se ha visto un intento palpable, serio, firme o contundente para reducir el gasto público. No existe un plan concreto para decir cómo se va a bajar la demanda de recursos por parte del Estado. Por el contrario, el Ejecutivo está aprovechando la lucha contra la pandemia para no referirse al tema y patear la bola hacia adelante.
El presidente Alvarado se ha mostrado renuente a cumplir el título 4 de la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas y poner en cintura a instituciones para que se ajusten a la regla fiscal. Ahora con la lucha contra el COVID será más difícil ver al gobierno honrar ese acuerdo.
Desde la Asamblea Legislativa, un grupo minoritario de diputados hemos mostrado nuestra férrea oposición a recurrir a nuevos impuestos para alcahuetear a la administración pública mientras no exista el compromiso de bajar sus gastos. Y ese grupo será ahora más grande si se pretende meterle nuevamente la mano en el bolsillo al costarricense para corregir los errores y malas prácticas de un estado ineficiente.
Más impuestos sin el compromiso serio del gobierno de un manejo austero de los presupuestos es la peor señal que puede enviar un país a empresarios, consumidores e inversionistas. Más impuestos significa menos dinero en los hogares costarricenses, menos consumo y menos dinamismo en la economía. ¿Acaso no aprendimos la lección que nos dejó la introducción del IVA?
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