Buscan callarnos a como dé lugar.
A veces, es cansado repetir la frase de Jefferson porque se vuelve trillada, pero no por repetirla tantas veces deja de ser cierta: “El precio de la libertad es su eterna vigilancia”.
Quienes estamos con la tarea tan importante de contribuir a la formación de la opinión pública, no podemos quedarnos callados ante el ataque frontal, otra vez, contra la libertad de expresión, a través de un proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa con el número de expediente 20 174, titulado: “Ley Marco para Prevenir y Sancionar Todas las Formas de Discriminación, Racismo e Intolerencia”, es una mordaza a la libertad de expresión y no debe ser aprobada por los señores diputados.
Ya vimos como una campaña basada en el miedo y en temas religiosos, terminó haciendo que algunos y para nada pocos, devotos a la Virgen de los Ángeles fueran a votar contra un partido, porque en un vídeo una persona allegada al candidato profirió, hace años, improperios contra La Negrita. Quienes promueven estas ideas están muy conscientes de que el electorado costarricense vota, muchas veces, con el hígado y no con la cabeza y es por eso que pasan creando controversia y discusión; para distraer y alejarnos de los verdaderos problemas, como el desempleo, la creciente economía informal, la que no aporta a las instituciones sociales, ni pagan impuesto. Además son una competencia desleal para quienes sí tienen que pagar una patente municipal, permisos de salud, Caja, INA, y todo el sinfín de cargas impositivas que un empresario a derecho debe asumir.
En el proyecto de ley citado se incluye el concepto de discriminación indirecta y lo incluyo textualmente: “Opera cuando, tanto en el ámbito público como privado, una disposición práctica o criterio que en apariencia es neutro, es susceptible de provocar en sus efectos una desventaja particular para una persona o más, o las coloca en una posición de desventaja. Se exceptúan los supuestos en los que la distinción obedezca a la obtención de un objetivo o justificación razonable y legítima a la luz del ordenamiento jurídico y del derecho internacional de los derechos humanos”.
En palabras simples, todo eso quiere decir que, estaríamos obligados a aceptar de baños neutros, aceptar ideologías impuestas desde el Ejecutivo, tal como, lo ha venido haciendo el Ministro de Educación. Esto supuestamente es para evitar la discriminación, aunque usted y su familia no estén de acuerdo. Una cosa es respetar los derechos de las personas y su individualidad y otra muy diferente es imponer mordazas al resto de la población y adoctrinar a niños y jóvenes que ni siquiera tienen edad suficiente para definir su orientación sexual.
Costarricenses, despertemos. Aquí en realidad las minorías no importan, las están utilizando como pretexto, para imponer ideologías a toda costa y esto incluye usar la fuerza del Estado para ello. Si no despertamos, pronto seremos otra Venezuela.
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