Caos vial y presas

Con mucha razón señala la Ley General de la Administración Pública que el Poder Ejecutivo es el coordinador de la Administración Pública central y descentralizada.  Este es un deber ineludible.

Con más razón, señala la misma Ley, que la Administración Pública no puede evadir su responsabilidad en los casos fortuitos de prevenir y planear.

En los países desarrollados no solo se hace obra, de buena calidad, sino que se ejecutan planes de mitigación a efecto de que las acciones de construcción de obra pública no afecten negativamente a los administrados. 

Paralelamente al plan de obras públicas, la Administración debe estudiar cómo afectará a los ciudadanos su actividad -aunque sea legítima-  para ejecutar, concomitantemente, una serie de programas para evitar daños.

Basta recordar que la Administración pública es responsable por su actividad legítima e ilegítima, normal y anormal.   

En nuestro país pagamos grandes sumas al Estado por impuestos al uso de automóviles, de importación, IVA, al traspaso de vehículos, e impuesto a los combustibles. El Estado no puede dejar de responsabilizarse, imputando las inacciones o fallas de Administraciones anteriores. Eso lo sabe todo abogado. 

El punto es que cuando por ley se tienen muchas responsabilidades, se requiere también mucha responsabilidad y cuidado.  Hay que hacer estudios, estimar las conductas y el impacto en las actividades de los administrados, usuarios, ciudadanos, contribuyentes. En el Derecho Privado se habla de que un administrador fiel debe tener los cuidados de un buen padre de familia.  La responsabilidad de la función pública es aún mayor. 

El caos vial derivado de la demolición del Puente que había en el llamado “Bajo de los Ledezma” ha provocado atascos, presas, congestionamiento vial y  abusos e ilegalidades por doquier:  vueltas en U, juegos de vivazos, atravesarse en las calles y mil violaciones más.  El ciudadano cumplidor queda indefenso ante la inacción pública.  El tiempo perdido ha sido mayúsculo y es imponderable el daño social por la pérdida de citas médicas en los hospitales y clínicas (públicos y privados) e incluso en el centro de rehabilitación del INS.   

Es evidente que no hubo previsión, cuidado, planificación ni coordinación.  La ofensas en las redes sociales de los trolles y cobardes anónimos no podrán mitigar el daño social provocado por la irresponsabilidad pública. 

Es hora de dejarse de broncas y atender con cuidado las necesidades ciudadanas.