Conciencia en la ley de empleo

La Asamblea Legislativa discute actualmente el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, una iniciativa que pretende modernizar el vínculo entre el Estado y sus colaboradores, que plantea una oportunidad para promover mejoras en las relaciones laborales.

Una de ellas tiene que ver con la introducción del principio de objeción de conciencia, cuyo objetivo es proteger la potestad de desarrollar nuestra vida personal y laboral sin renunciar a nuestras creencias y convicciones. Es un precepto que procura consagrar el derecho de vivir de acuerdo con lo que creemos sin ser perseguidos, castigados, menospreciados, señalados o sujetos a burla.

Es por eso que el Partido Nueva República propuso, por medio de sus diputados afines, una moción que tiene como propósito permitirles a los servidores públicos “informar a la administración, por medio de una declaración jurada, sobre su derecho a la objeción de conciencia cuando se vulneren sus convicciones religiosas y morales, para efectos de los programas de formación y capacitación que se determine sean obligatorios para todas las personas servidoras”.

La propuesta, que ya fue aprobada en la Comisión de Gobierno, agrega un nuevo inciso al artículo 21 del proyecto y se enfoca en defender un derecho al que todos debemos tener acceso y que resguardaría las ideas, principios y valores más íntimos que todas las personas. Se trata de hacer valer una facultad inherente a la condición humana, más cuando su interés es de sobra conocida y estudiada a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Respalda a ese objetor de conciencia que no busca hacer su voluntad, ir en contra del sistema o incumplir con sus deberes para su beneficio, sino que defiende sus principios de una manera legal, buscando la manera de proteger su integridad y resguardar sus derechos, algo que la ONU ya confirmó en la resolución No. 75.258 del 21 de enero y que recuerda la obligación internacionalmente adquirida por las naciones de promover y garantizar el derecho a profesar liberalmente la religión y las creencias.

La moción y su espíritu no buscan afectar a terceros ni interrumpir o dañar la calidad de los servicios públicos, pues todos los costarricenses merecemos recibir una atención adecuada, expedita y eficaz.

La Ley de Empleo Público tiene que corresponder con la realidad de nuestro país, lo cual implica tomar en cuenta consideraciones de todo tipo, desde las que se refieren al fuero interno de cada individuo hasta las que están relacionadas con sus derechos, deberes, funciones, responsabilidades y oportunidades de desarrollo.

Los diputados tenemos una oportunidad para establecer un mecanismo transparente de contratación y promoción de todos los funcionarios, marcar la ruta para eliminar los abusos que se han perpetuado en la administración pública y dotar a Costa Rica de una herramienta eficaz que garantice procesos idóneos, cristalinos y ajustados a nuestros tiempos.

Trabajar de esta manera, con la mente puesta en el bienestar del país, también es una labor de conciencia. Nuestro deber ético es cubrir todos los flancos para que el producto final nos satisfaga y beneficie a todos.

Los funcionarios públicos y en general toda la población tenemos derecho a ser objetores de conciencia.