El Consenso de Washington revisado
Mucha agua ha corrido, desde que el llamado Consenso de Washington fue formulado por John Williamson en 1990, como un conjunto de reformas de política económica, comercial y financiera, inicialmente pensadas para América Latina y luego convertidas en una especie de guía o programa general para el logro de un crecimiento económico significativo para los países de menor desarrollo relativo.
Como resultado de dicha revisión se ha argumentado que esas reformas, basadas en la creencia de que la reducción del Estado a su mínima expresión, la desregulación, la liberalización comercial y financiera y las fuerzas del mercado por sí solas todo lo pueden resolver, no lograron ni por asomo catapultar el tipo de crecimiento y de desarrollo sostenible deseable en la región.
En otras palabras, las reformas impulsadas estuvieron cimentadas en un concepto equivocado de cómo funcionan las economías de mercado y el papel que puede jugar el Estado y las organizaciones de la sociedad civil organizada para que el desarrollo en nuestros países no sólo sea democrático, sino equitativo y sostenible. La solución sin embargo, no radica en estatizar el mercado, ni en privatizar el Estado, sino en crear y recrear alianzas renovadas y transparentes con un fuerte papel rector y regulador del Estado y una amplia participación del sector privado y de la sociedad civil
Ni el Estado es tan malo como lo pintan, ni la empresa privada es el summum de la eficiencia: ni modernizar es sinónimo de privatizar ni modernizar es sinónimo de mayor eficiencia. Corresponde al Estado regular las distorsiones y asimetrías que se producen en el juego de los agentes económicos, para evitar la concentración de la riqueza en pocas manos y desarrollar acciones que faciliten el desarrollo de mercados dinámicos y productivos. Estas acciones deben ponerse al servicio del bienestar común y la solidaridad social.
La definición de la política nacional de desarrollo debe encontrar un punto de equilibrio entre dichas preocupaciones y al menos 8 áreas: gobernabilidad, lucha contra la pobreza y la desigualdad, inversión en salud y educación, empleo y empleabilidad, apoyo a la innovación, el emprendedurismo, el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad ambiental. Esta es la base de una política de desarrollo equilibrada y sostenible en el tiempo. Encontrar el consenso requerido en nuestra sociedad para el impulso de esta agenda mínima requiere de madurez por parte de los diferentes actores del desarrollo y despojarse de dogmatismos.
Pensar en el futuro de nuestro país debería de ser el aliciente para asumir esta responsabilidad de manera colectiva. Hacer hoy lo que el futuro exige es una tarea que no admite ser pospuesta.
Guido Alberto Monge Fernandez
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