El gobierno genera desconfianza

Con independencia de si el decreto que daba pie a la Unidad de Análisis de Datos (UPAD) en Casa Presidencial fue fruto de torpeza política o de la intención de manipular la intimidad de los ciudadanos, el resultado es fatal: aumenta la desconfianza.

Pareciera que las autoridades no han acabado de comprender la importancia de la confianza para el bienestar de las personas.

Si no hay confianza los consumidores disminuyen sus compras. Si no hay confianza los empresarios ni piden crédito ni invierten. Con menor consumo y con menos inversión la economía baja su crecimiento, no se genera suficiente empleo y crece la informalidad.

Sufrimos una economía que viene creciendo cada vez menos desde 2015. Las encuestas de consumidores y de empresarios muestran desde 2018 una disminución de la confianza. Entre consumidores, con la mejoría lenta y leve en el crecimiento económico del segundo semestre de 2019, empezó una pequeña recuperación de la confianza. No debe desperdiciarse.

Pero este año dos hechos debilitan la confianza: los pobres resultados fiscales de 2019 y la degradación efectuada por Moody´s a la deuda externa.

El bienestar nacional demanda que las autoridades actúen para recuperar la confianza.

Pero esa no parece prioridad del Ejecutivo.

El establecimiento en la Presidencia de la República de una oficina con acceso a información confidencial de las personas se une a otras acciones que ponen en riesgo los derechos a la intimidad, a la propiedad y a la seguridad jurídica. Esto aumenta la incertidumbre y genera desconfianza.

¿Qué necesidad hay de abogar por la eliminación del secreto bancario cuando para perseguir investigaciones sobre evasión tributaria bastaría con proponer medidas específicas y muy limitadas para acelerar el acceso a la información necesaria?

Si es preciso mejorar la confianza en la propiedad, ¿por qué seguir insistiendo en una legislación muy peligrosa de extinción de dominio?

¿Para qué emitir un decreto del INVU que amenaza la propiedad inmueble?

En medio de una frágil situación económica, social y política, y con finanzas públicas endebles ¿por qué favorecer en sesiones extraordinarias reformas a la Ley de Protección al Trabajador que dañan gravemente la seguridad social y amenazan la estabilidad del sector financiero?

¿Para qué propiciar, como lo hizo el gobierno pasado, la llamada ley mordaza que trataba de imponer límites al suministro de información pública?

El gobierno del PAC modificó en favor de transnacionales, las reservas al pago de derechos derivados que se quieren cobrar a la radiodifusión gratuita de contenidos. Ello pone en riesgo la posibilidad de la que hoy disfrutamos los radioyentes, de recibir contenido gratuito e impide el trabajo de quienes lo hacen posible. ¿Por qué se ha generado un problema donde no existía? Aquello puede mal usarse fácilmente para debilitar la independencia de la radiodifusión independiente y la democracia.

Es hora de que las autoridades prioricen sus acciones y favorezcan con ellas los derechos de los ciudadanos, la confianza de los consumidores y la de los generadores de empleo de este país. Aquello es fundamental porque solo así será posible que podamos avanzar en paz abrazando la Democracia que este pueblo merece.