El OIJ, única policía que está trabajando en resguardo de Costa Rica
Notificados estamos, mientras en Limón, estuvo la operación atlántica, no hubo homicidios en la zona, tardó en salir de aquel territorio el OIJ, cuando se registró un enfrentamiento mortal, con saldo de dos vidas y varios heridos. La lectura que nos negamos a interpretar, por falta de humildad y pírrico interés en el resguardo de vidas y propiedades en alto riesgo, de ser atropelladas por antisociales incontrolados, nos está conduciendo al caos.
Carecemos de estrategias profesionalmente establecidas, no contamos con la táctica requerida, los escasos recursos, la mentira, el insulto y la descalificación de quienes alzan la voz, pidiendo seguridad en nuestras barriadas, es la noticia de todos los días.
Se destaca el irrespeto claro y manifiesto, contra una de las más brillantes diputadas, como es la destacada jurista Gloria Navas, quien recibió el desagravio de 39 representantes populares que llamaron la atención de aquel exabrupto, los ciudadanos en coro respaldaron a la representante popular, sin embargo, la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas, guarda extraño silencio ante la arremetida en contra de una de sus agremiadas.
Para contribuir al resguardo de la prevención del delito, hemos anunciado la cantonización preventiva de la criminalidad, aprovechando a los nuevos alcaldes electos, a quienes les hemos ofrecido asesoría, sin costo ni exclusión alguna, de manera que cada uno de los 84 cantones, pueda disponer, técnicamente, del trabajo comunal. Ante este ofrecimiento apolítico, esperamos que nuestros pueblos se puedan sentir más seguros y logren desterrar el miedo que les aqueja y podamos, todos, recobrar la libertad ambulatoria, que se ha visto menguada ante la ola criminal que se despliega por todos los rincones de este país.
Consideramos que un alcalde, no puede exonerarse de responsabilidades y delegar el control preventivo de la delincuencia a otros. El liderazgo, por parte de las autoridades locales, es esencial. Es la muestra de un gobierno que escucha el clamor de sus ciudadanos por mayor seguridad, no está excluido el Poder Ejecutivo, que tiene una ineludible responsabilidad originada en el mandato constitucional del artículo 140.6 de la Carta Magna y debe sentar las pautas de una política de Estado, en este tema.
Ante la crisis de inseguridad, debemos coordinar acciones de los diferentes sectores gubernamentales, los grupos organizados y la población civil, hacia un mismo objetivo: la reducción del crimen y la violencia.
La policía, como lo ha demostrado el OIJ, tiene que estar en primera línea para prevenir y contener el crimen. Son ellos quienes mejor conocen las comunas, sus desafíos y su gente.
El habitante de este país no está esperando que lo maten, secuestren, violen, roben y estafen, para que las autoridades investiguen, prueben y condenen a los malandros, más bien, lo que anhela el costarricense, es no sufrir el agravio criminal y se contenga el delito, con toda su fuerza y utilizando las armas posibles, para la prevención y no llegar a la represión, una vez de haber sido conculcado en sus derechos fundamentales.
Independientemente del debate actual sobre este tema, sabemos que los gobiernos locales y las policías que han aprendido a trabajar eficientemente, para lograr el avance significativo, en la reducción de los delitos.
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