El R.O.P. está secuestrado

En marzo pasado, presenté ante la Asamblea Legislativa, junto con mi compañero Eduardo Cruishank y diputados de diferentes bancadas, el proyecto de Ley para resguardar el derecho del trabajador a retirar los recursos de La pensión Complementaria, No. 21.309.

Esta sencilla pero poderosa reforma tiene como objetivo devolverle al pensionado, domino sobre su ROP, dándole a este y no al Estado, lo potestad de elegir la forma en que desea recibir este ahorro complementario para la pensión, si en tractos o de forma completa, según sus necesidades, por lo menos hasta la maduración del fondo.

La idea no ha caído bien a algunos, sobretodo porque estamos hablando de un fondo que, a febrero del 2019, rondaba los 2.672.198 afiliados y los 5.787.310 millones de colones, de los cuales, casi el 70% se encuentra invertido en el sector público, según datos de la SUPEN.

Estas son sumas para nada despreciables, y, por ende, muy apetecidas por los intermediarios financieros y estatales que hacen del manejo de este capital un negocio, con el que se agencian jugosos salarios, o como el Gobierno, una fuente segura de financiamiento.

La disposición arbitraria que estableció que el fondo del ROP fuera entregado en “pagos de polaco” a la clase trabajadora por las operadoras de pensiones, fue originado unilateralmente y de forma poco transparente a nivel reglamentario por los superintendentes.

Con la reforma No. 21.309 presentada, pretendemos por la vía del debate público y la reforma legislativa mejorar la Ley de Protección al Trabajador ¡Jamás desmejorarla!

Y es que quienes se oponen a nuestra iniciativa han dicho de forma falsaria que estamos poniendo en peligro las pensiones de los costarricenses. No hay nada más equivocado que ello. La discusión que se ha generado sobre este proyecto de ley, ha traído luz y dejado en evidencia el malestar ciudadano con respecto al manejo del ROP.

El ROP fue concebido como un complemento que debía ser beneficioso para el costarricense pensionado, no como un mecanismo para fondear las arcas del Estado o sostener el negocio de las operadoras de pensiones. Contrario a lo dicho por quienes defienden tales intereses, nuestra propuesta rescata su espíritu originario. 

La supervivencia a la larga del sistema de pensiones, no pasa únicamente por le revisión fría de sus números, sino también por la legitimidad con la cuenta frente a la ciudadanía.

Es por ello, que, como resultado de esta discusión, pretendemos se construya una ley que además de procurar la sostenibilidad financiera, le retorne la credibilidad a los costarricenses sobre la efectividad de su régimen de jubilación, uno que verdaderamente resguarde el derecho a una vejez humana y de calidad, libre de secuestros por intereses mezquinos.