¿En verdad quieren llevarnos hacia el totalitarismo?
Tres diputados de un partido conocido como popularmente como neopentecostal, presentaron un proyecto de ley que, a todas luces, vendría a destruir el derecho a la reunión y manifestación de las personas. El proyecto de ley tramitado en la Asamblea Legislativa con el número de expediente 21 733, titulado: “Respeto a la libertad de tránsito frente a manifestaciones y protestas y protección de las fuerzas de policía ante agresiones” es populista, desproporcionado y, de aprobarse, pondría a Costa Rica en el carril rápido hacia el totalitarismo.
El ejemplo ha sido claro con la manera desproporcionada mediante la cual la Fuerza Pública ha arremetido contra las personas, que se han manifestado por su derecho a comer, frente a las medidas, aparentemente, sin fundamento técnico que el gobierno ha implementado durante la pandemia.
Los artículos 26 y 28 de la Constitución Política permiten a las personas reunirse pacíficamente para, entre otras cosas, discutir asuntos políticos y examinar la conducta de los funcionarios públicos. Asimismo, nadie puede ser inquietado por sus opiniones, ni perseguido por la manifestación de sus opiniones, ni por acto alguno que no infrinja la ley.
El proyecto de ley presentado por los diputados Avendaño Calvo, Rodríguez Hernández y Alvarado Arias de Restauración Nacional, debería ser de atención de la ciudadanía y de análisis no solo del proyecto, sino también de la gestión de sus diputados, puesto que en los términos en los cuales se encuentra propuesta, se asemeja a las restricciones a la libertad de las dictaduras.
Llevan razón los diputados promotores del proyecto en la necesidad de que la población respete a los oficiales de la Fuerza Pública, pero no en cuanto a prácticamente prohibir el derecho a manifestarse. Durante los últimos días, hemos sido testigos de la desproporcionalidad con respecto a algunas de las actuaciones de la Fuerza Pública; es cierto, que hay quienes abusan de sus derechos, bloqueando vías e insultando a las autoridades, para ello existen ya normas tanto administrativas como penales para sancionar este tipo de conductas.
En vez de proponer proyectos de ley que busquen limitar más aun los derechos y libertades de los costarricenses, los diputados promoventes y sus compañeros de Plenario, deberían más bien proteger a los ciudadanos de potenciales abusos de autoridad por parte del poder constituido y cuando haya necesidad de restringirlos, por una circunstancia de excepción, con fundamentos técnicos, ellos lo hagan y que no sea el gobierno, pero, más bien, se presentan proyectos populistas, que no solo son inconvenientes para el país, sino que ponen a más de uno, a pensar sobre las intenciones detrás de este tipo de iniciativas, que cuando son permanentes se convierten en un peligro real para los derechos individuales de los ciudadanos.
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