La soberanía digital
De reciente análisis, este término pretende homologarse a la soberanía territorial, marítima y aérea que pueda tener un país, es decir, su implementación daría poder de protección digital sobre los intereses nacionales e individuales de sus habitantes.
En 2019, ya el Senado francés la definió como “la capacidad del Estado para actuar en el ciberespacio”, pero también se le identifica como la capacidad de este para velar por los intereses públicos y privados en el mundo digital, no para frenar el desarrollo, sino para resguardarlo.
Como toda discusión incipiente sus límites, alcances y potestades están en construcción, sin embargo, lo que sí es un hecho es que su nacimiento es una realidad, su rango constitucional debe darse y su espectro jurídico ocupa fluidez, agilidad, actualización y autogestión para estar acorde con la industria tecnológica inteligente.
Tal y como ya se trabaja en la Unión Europea, Costa Rica debe ver este tema más allá de los ciberataques que vivió el gobierno recientemente, del espionaje de los datos sensibles de los ciudadanos del cual fue objeto el pueblo con la UPAD o del flujo de la data en función del respaldo que exista en el universo digital sobre la información pública y privada.
Si bien los sustentos jurídicos, económicos y políticos deben considerarse a la hora de marcar la cancha, la soberanía digital debe abordarse con la misma seriedad con la que se estructuró la de sus tres hermanas -la soberanía territorial, la marítima y la aérea-, de lo contrario tendremos un problema imposible de resolver, el Estado sería incapaz de asegurarle a las personas, empresas y a si mismo la ciberseguridad de su espectro.
Anticiparse a los tiempos siempre es bueno, pero en este caso, al oficializar la soberanía digital en el país, podremos evitar ser una «colonia» y así avanzar con fundamento estratégico rumbo a la sana implementación del desarrollo tecnológico que gira alrededor de la 5G, y para sentar las bases de la 6G, que se estima llegará al mercado en el 2030, justo cuando la vida será digitalmente amigable con el bienestar pleno de todos los habitantes.
Lo nuevo siempre genera reservas, pero dar este paso hacia la soberanía digital asegura visión de desarrollo que nos puede reposicionar como un país de avanzada y que está decidido a resolver sus problemas con la ayuda de la tecnología, al tiempo que aseguraría la protección de datos personales y colectivos, las políticas de Estado en el eje de la ciberseguridad y un marco ético sobre la inteligencia artificial, la Internet de las cosas y el metaverso, además de un ecosistema eficiente y propicio para la atracción de inversiones.
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