La transparencia es fundamental en la gestión gubernamental
Las condenas de la Sala Constitucional al Poder Ejecutivo por la falta de transparencia en la información de las cifras referentes a la pandemia refuerzan el principio de transparencia en la rendición de cuentas que los funcionarios tienen con respecto a la ciudadanía. En tiempos de crisis la ciudadanía necesita confiar en sus gobernantes y es inaceptable que se oculten datos cuando es responsabilidad de todos cuidar la salud y esto empieza por el gobierno.
Entre mascarillas no profesionales comparadas a empresas cuestionadas, ministros que no quieren dar datos claros a la ciudadanía y un Presidente que se queja de las críticas, se ha ido gestando un malestar en los costarricenses que abre las puertas a los oportunistas y enemigos de la libertad para querer socavar la democracia y al Estado de Derecho.
Hoy más los ciudadanos necesitan poder confiar en sus gobernantes y para ello quienes detentan el poder deben ser claros, transparentes y actuar en beneficio de los intereses públicos. El primero que debe dar el ejemplo es el señor Presidente de la República, quien debe presentar propuestas que le permitan a las personas cuidar su salud y comer. Hoy más de un millón y medio de costarricenses despiertan y se duermen sin por lo menos comer tres veces al día. ¿Se puede hablar de una Suiza centroamericana cuando un millón y medio de personas no sabrán si comerán mañana?
Cualquiera puede cometer errores, lo importante es reconocerlos y rectificar. No se puede esperar perfección absoluta de seres humanos porque no somos perfectos, pero sí se puede esperar transparencia con la ciudadanía y comprensión de que, si alguien decidió competir por un puesto de elección pública o desempeñar una función pública, sería sujeto a críticas y cuestionamientos.
Lamentablemente, nuestra cultura de inconsciencia e irresponsabilidad ha llevado a que los contagios del Covid-19 aumenten, pero ni la tasa de fallecidos, que es menor inclusive a la de muertos en accidentes en carretera, ni la inconsciencia de un sector de la población debe llevar a que la economía se desplome y que una gran cantidad de personas se queden sin comer.
Por último, la Ley General de la Administración Pública establece en su artículo 16 que en ningún momento la Administración podrá emitir actos contrarios a las reglas univocas de la ciencia o de la técnica o a principios elementales de lógica, justicia o conveniencia. Así como se realizó un estudio técnico para determinar que no se debía disminuir la jornada de los empleados públicos, así debió haber un estudio técnico para determinar si era necesario realmente cerrar los comercios. Al no haberlo habido, el Estado se ha abierto a procesos legales, precisamente por la falta de transparencia y la improvisación con la comida de las personas.
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