Las funciones de la Asamblea Legislativa
Es indispensable repasar el contenido constitucional y su desarrollo histórico para entender con claridad cuáles son las tareas encomendadas a la Asamblea Legislativa. Contrario a lo que algunos repiten sin cesar, su labor esencial no radica en la fabricación de leyes sino en el control político, administrativo, jurídico y hacendario del Estado costarricense. Realizada esta labor, le corresponde determinar si, mediante la aprobación de leyes, hay que hacerle enmiendas, mejoras o innovaciones al sistema jurídico. Ello dentro de muchas funciones, entre las cuales sobresale la de la representatividad. Motivo por el cual ha de ser, necesariamente, un órgano integrado con diversidad y pluralidad.
El Poder Legislativo no es un órgano ejecutivo o administrativo. En su esencia encontramos la deliberación, la discusión y el pensamiento. La actual Constitución remarca sus competencias de control en muchas dimensiones, entre las cuales se destacan la interpelación y censura de los ministros, precedida de una organización del Poder Ejecutivo encaminada a determinar responsabilidades y dar rendición de cuentas. Por ello mismo, además, la propia Constitución creó la Contraloría General de la República, para una evaluación constante de la Administración Pública, de sus recursos y competencias, y para auxiliar a la Asamblea en su ineludible tarea de control político.
Por ello está muy mal juzgar a la Asamblea Legislativa y sus diputados por cantidad de leyes e iniciativas de ley, porque no es una fábrica de leyes. Asimismo, resulta un monumento a la ignorancia criticar a los diputados por hacer uso de la palabra, pues en ella está la base de su función. Hablar, dialogar, discutir, deliberar, apelar al pensamiento, hacer crítica y análisis no son una pérdida de tiempo sino la función esencial de un parlamento.
La creación de comisiones de investigación, la interpelación a los funcionarios administrativos, la solicitud y exigencia de cuentas y explicaciones, la discusión acerca de ello y de los problemas nacionales son parte de la función elemental de un órgano parlamentario.
La ley es un poderoso instrumento, que incluso puede regular derechos fundamentales, aprobar impuestos, delitos, penas y obligaciones y competencias administrativas. Por ello no puede festinarse su aprobación, por ello debe discutirse y jamás aprobarse a la carrera. Por tal razón su eventual aprobación debería estar precedida de amplias discusiones, deliberaciones profundas, respeto a las diversas opiniones y sectores, garantías de generalidad y respeto, análisis de los problemas nacionales y mucho control político, actividades que garanticen pensamiento y prudencia política.
Con motivo de la celebración de dos centenarios de vida parlamentaria en nuestro país, hemos de tomar conciencia del valor que tiene para una “República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural” la existencia de una asamblea que refleje estos importantes valores.
Quizás siempre habrá posibilidad de hacerle reformas a su funcionamiento para mejorar su desempeño, pero jamás prescindir de ella, eliminar los mecanismos republicanos y democráticos garantizados con su existencia, ni repudiar la representatividad.
Los comentarios están cerrados.