Las joyas de la abuela

Supongamos que la propuesta de vender empresas del Estado para salir de apuros, no fue una jugada para desviar la atención de las debilidades exhibidas hasta ahora por el Presidente Chaves y su equipo de gobierno.

De ser así, debemos entender que no se trata de iniciativas novedosas, lo cual no les resta mérito. Contamos, por lo tanto, con una amplia experiencia, dentro y fuera del país, en esa práctica a la que podemos recurrir.

No es un tema con el que esté en desacuerdo, per sé. Tengo, como cualquier ciudadano, dudas; y las dudas deben ser objeto de un buen debate; ojalá, libre de discusiones pseudo-ideológicas.

En este sentido, hay una frase que ilustra una actitud que deberíamos evitar. Me refiero a comparar las empresas objeto de la propuesta, con «vender las joyas de la abuela», para descalificar de antemano la propuesta.

Por el contrario, entrémosle en serio al planteamiento del Presidente Chaves, de forma pragmática y sin convertir la discusión en un «pique» personal. Esto no significa apoyar la medida a ciegas, sino transformar nuestras dudas en preguntas.

En consecuencia, dejo aquí algunas inquietudes que, obviamente, no agotan el tema.

Es importante conocer qué problemas se pretenden solucionar con la venta, y si hay o no otras alternativas. Las respuestas a estas preguntas son de todo, menos una obviedad.

Debemos saber cuánto se espera recibir por los activos que se propone vender; cómo se calcularía ese valor y quiénes lo definirían; cuál sería el destino de los recursos; en caso de que se pretenda pagar deuda pública, cuál es el monto de esta y en cuánto mejoraría su atención; si hay otros objetivos, qué beneficios se esperan del negocio; y no menos importante, si la venta tiene sentido sin revisar los disparadores del gasto público.

Más preguntas; cuál es la posición en el mercado de cada una de las empresas estatales objeto de la propuesta, y cuál sería la de un eventual comprador; cómo afectan estos movimientos a los consumidores y a los productores; qué servicios y políticas públicas se financian total o parcialmente con las utilidades de estas empresas; cómo se financiarían después de la venta; cuál es el balance entre la cartera comercial del INS y, por ejemplo, riesgos del trabajo, y cómo lo afectaría la propuesta del Poder Ejecutivo; etcétera.

Y por supuesto, en caso que el balance de las respuestas favorezca la iniciativa, cuál es el procedimiento a seguir. Esto específicamente no es una majadería. Tal y como demostró el episodio del FEES, conocer de manera precisa las normas y procedimientos involucrados es algo indispensable, que condiciona las metas y el curso de acción.