Los ladrones de los pobres

La decisión del señor Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, de publicar la lista con los nombres de todos aquellos funcionarios públicos que recibieron el bono proteger, es una muestra de liderazgo y los respectivos jerarcas deben iniciar procedimientos administrativos de despidos contra esos funcionarios, porque literalmente se han robado el dinero de los pobres.

Habrá sus excepciones, claro está, de quien quizás pudo haber tomado el bono para ayudar a terceros, pero es improbable pensar que todos y cada uno de los trabajadores públicos que recibieron el bono, lo usaran para ayudar a otros. Además, hay un debido orden para actuar correctamente; así que tampoco esa era la manera correcta para hacerlo.

No se puede concluir, sino que estos funcionarios a quienes no se les rebajaron los salarios son los ladrones de los pobres, lo contrario a Robin Hood, pues si Robin Hood robaba a los ricos para alimentar a los pobres, estos funcionarios que recibieron indebidamente el bono de ayuda, se aprovecharon del caos de la pandemia para beneficiarse con un dinero que era para los cientos de miles de personas que se quedaron sin trabajo.

Esos trabajadores públicos deberían haber pensado, que mientras ellos recibían un bono que no merecían, muchas personas se quedaron sin comer por días enteros y es importante recordar que para aquellos que pretendan que su nombre no sea publicado invocando un derecho a la privacidad, la Ley para la Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, establece en el artículo 8, incisos b), c), e) y f), hay una serie de excepciones que permiten al gobierno publicar los nombres con número de cédula de estos funcionarios para que el pueblo sepa quiénes son.

Los intereses públicos contemplados en el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública protegen a los intereses individuales y coincidentes de los administrados, pero no existen intereses individuales ni coincidentes de los administrados, cuando hay funcionarios a quienes no se les rebajó el salario durante la pandemia y, aún así, tomaron para sí o para los suyos, un bono que no les correspondía.

El deber de probidad que debe tener un funcionario y que le es exigido en distintas normas, pero en especial en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, obliga no solo a la publicación de los nombres de estas personas, sino a que sean sancionadas inclusive con el despido y, además, además a que el Estado cobre a través de la Procuraduría General de la República, no solo el bono que recibieron sin tener derecho a ello, sino todos los daños y perjuicios causados.

Ese tipo de malas hierbas deben ser erradicadas de la función pública para que la ciudadanía recobre la confianza en los servidores públicos. Hace muy bien don Rodrigo en publicar los nombres de esas personas, para que así otros lo piensen dos veces antes de robarle a los pobres.