Más allá de la sangre que corre actualmente en Costa Rica
Hay una realidad muy cruel que debemos aceptar, la ola de criminalidad que golpea nuestro país y que arrastra consigo un incremento en el número de víctimas de la delincuencia con sus diferentes modalidades; recordemos que detrás de cada asesinato, ya sea provocado por el crimen común u organizado, hay muchas víctimas indirectas o colaterales.
Las cifras de homicidios aumentan todas las semanas; cada día escuchamos de un homicidio nuevo, y sorprende que cada vez es más atroz. No sólo mujeres asesinadas por sus parejas, sino también personas víctimas del sicariato; es una realidad que no solo los narcotraficantes y delincuentes se están matando entre ellos, también están matando ciudadanos inocentes, o dejándolos con graves secuelas físicas y psicológicas. Costa Rica está viviendo épocas de gran violencia, que hace dos años era impensable.
Los que están soportando y viviendo en carne propia las secuelas lógicas de esta situación son las víctimas y sus familias, las autoridades parece que no miden, las consecuencias patológicas a corto, mediano y largo plazo, para los costarricenses. Todos estos asesinatos de niños, mujeres y hombres son acciones violatorias de los derechos humanos y lo más grave es que no vemos que exista una pronta y efectiva respuesta. Esta situación de violencia ha generado gran miedo en nuestra población, al no sentirse segura. A nivel internacional es evidente que Costa Rica ya no es ni el país más feliz, ni seguro del mundo.
Las autoridades responsables pareciera que están subestimando las consecuencias de la desatención a las víctimas, no solamente porque se va a convertir un país donde su s habitantes desconfían del sistema, sino también porque esas realidades de violencia, dicen que somos una sociedad enferma. Prácticamente nos hemos convertido en un país que viola los tratados internacionales referidos a los derechos humanos y a la protección de la población.
El Tratado de Palermo en su artículo 25 establece que cada Estado debe establecer procedimientos actuados que le permitan a las víctimas de los delitos obtener indemnización y restitución. Además, indica que cada Estado parte con sujeción a su derecho interno, debe permitir que se presenten y examinen opiniones y preocupaciones de las víctimas en las etapas apropiadas de los procesos contra los delincuentes, de igual manera se deben adoptar las medidas apropiadas para brindarle asistencia y atención a las víctimas del delito.
Necesitamos una respuesta rápida, coherente, humanizada, para todos aquellos que están siendo víctimas de la situación en que vive actualmente el país. Sobre todo, por el hecho de que los más débiles, mujeres principalmente y niños, tienen que vivir en condiciones físicas lamentables producto de disparos, producto de golpes, y muchos de ellos han perdido el principal sustento de sus familias, generando también a futuro pobreza y desatención.
En estos críticos momentos se debe fortalecer el rol y participación del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Oficina de Atención y Protección a la Victima, el Poder Judicial y los hospitales, en procura de la reparación y reinserción integral de las víctimas sea un objetivo primordial para las autoridades del país. Hacemos un respetuoso pero vehemente llamado para hacer un alto y reconsiderar que los afectados con esta situación son seres humanos, son nuestros compatriotas, es muy urgente hacer un plan-país de atención a las víctimas como ya lo han hecho muchos otros países.
Los comentarios están cerrados.