Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

La presentación de lo que sería un nuevo Ajuste Fiscal por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo de nuestro país, trae consigo diferentes posiciones y preocupaciones sobre el rumbo de las finanzas públicas que terminan por afectar la calidad de vida de todos.

No desconocemos las graves consecuencias que ha dejado la Pandemia provocada por el COVID-19, pero también tenemos que ser muy francos: los gobernantes de turno y que han estado en el poder, en los últimos treinta años, deben asumir la responsabilidad de decisiones y acciones que ya tenían a nuestro país en condiciones sumamente precarias.

Así lo vemos con los indicadores socioeconómicos que, para nadie son un secreto, pues representan dolor en gran parte de nuestras familias. Desigualdad, pobreza y desempleo son tan solo consecuencias de un modelo económico que no pone en el centro de su desarrollo al ser humano.

El Informe Estado de la Nación, en su versión 2019, explicaba: «la desaceleración económica continúa y está golpeando especialmente a ciertas regiones y sectores. Según las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el dinamismo seguirá siendo muy bajo en 2020. Frente a ese escenario, el Estado tiene poco margen de maniobra para reactivar la economía, pues el desequilibrio crónico de sus finanzas limita su capacidad para estimular la demanda agregada por la vía de un mayor gasto e inversión. Ese desbalance no deja más opción que el endeudamiento y, además, impone limitaciones a la gestión de la deuda pública, que encarecen el costo del financiamiento y generan riesgos adicionales”.

Costa Rica es víctima de la falta de decisiones dirigidas a una reforma estructural del Estado, a reactivar verdaderamente la economía, a contener el gasto público y fomentar la producción. Si de sacrificios se trata, ya hubo una reforma de ajuste fiscal a finales del año 2018. En décadas pasadas, el país se ha sometido a distintos arreglos, producto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y otro tipo de ajustes estructurales.

Como pastores de la Iglesia costarricense, pedimos encarecidamente que se proteja a los más vulnerables y a los sectores productivos; solicitamos particularmente que se mejore la recaudación fiscal, con mecanismos eficientes y transparentes; que se combata la evasión y elusión fiscal, evitando así la corrupción y la irresponsabilidad.

Es fundamental una reducción del gasto público, sin ella no habrá impuestos que aguanten. Si se piensa en impuestos, que estos sean progresivos y no en propuestas que incluyan impuestos regresivos, afectando a los más vulnerables. Que quienes tienen más riqueza y gozan de altísimos salarios y pensiones de lujo, aporten más. Asimismo, clamamos para que no se hagan recortes en los programas sociales destinados a los más pobres y necesitados.

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (numeral 355) nos ilumina: «Una Hacienda pública justa, eficiente y eficaz, produce efectos virtuosos en la economía». Se requiere «rigor e

integridad en la administración y en el destino de los recursos públicos», afirma el mismo numeral.

La clase media de nuestro país, con el paso de los años, ha quedado con poquísimas oportunidades de un mayor progreso, de tener mejor acceso a vivienda o de posibilidades de crecimiento, precisamente porque se han cargado sobre esta clase media algunos de los impuestos creados en los últimos años, y según los nuevos planes de ajuste, este sector sufrirá de nuevo un duro golpe.

Alentamos a que se genere un real y verdadero diálogo, a que se tomen en cuenta los diferentes aportes de grupos sociales, para suscitar una sana discusión con el único fin de buscar el bien común, la justicia social y el desarrollo integral de las personas.

Como lo advierte el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si’ (numeral 189): «La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana».

Nuestro llamado es a hacer una pausa, a no acelerar decisiones que hipotecarán el futuro del país por algunas décadas. Dios nos ilumine a fin de tomar el mejor camino para esta y las futuras generaciones.

Este fue un mensaje de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.

Monseñor José Manuel Garita Herrera
Obispo de Ciudad Quesada
Presidente

Monseñor Daniel Francisco Blanco Méndez
Obispo auxiliar de San José
Secretario General.