Nuestras bases están cimentadas en la armonía laboral y el progreso social
El solidarismo ha hecho una contribución significativa a la dinamización y democratización de nuestra economía, la equidad, la solidaridad y la reducción de la pobreza a lo largo de sus 72 años de vigencia. Excepto por mezquindad, mala fe o desconocimiento, nadie debería de discutir que buena parte de la armonía laboral y la paz social del país descansa en la labor del solidarismo.
Los programas y proyectos de más de 1,400 asociaciones solidaristas distribuidas a lo largo y ancho de nuestro país con cerca de 345,000 trabajadores y trabajadoras afiliadas (casi una cuarta parte de la PEA de nuestro país), que acumularon un patrimonio proyectado a finales del 2018 cercano a los US$3000 millones que representa aproximadamente el 4.5% del PIB.
Su contribución a la política social del Estado costarricense está reflejada en carteras orientadas al bienestar socio económico en áreas como la salud, vivienda, educación y recreación, por un monto de US$2000 millones y con una generación cercana a los 17 mil empleos directos, para citar solo algunas cifras de nuestro aporte al desarrollo nacional. Se trata de una pieza fundamental de la economía social y solidaria de nuestro país haciendo una contribución tangible a la aspiración nacional de contar con “un país de propietarios y no de proletarios”.
Es claro que la permanencia y sostenibilidad de estas organizaciones y la continuidad de su aporte al desarrollo nacional, obliga a las Juntas Directivas de las asociaciones, sus administradores y comités a tener como norte elemental el resguardo y la seguridad de este patrimonio. La responsabilidad es enorme. Se trata de la cesantía y los ahorros de los y las trabajadoras como parte de un contrato social con los patronos, sean públicos o privados.
Por ello es importante reiterar la importancia de reforzar e implementar planes robustos de gobernanza, gestión patrimonial y riesgo en todas las actividades de las asociaciones solidaristas, independientemente de su tamaño para corregir aquellas prácticas que no conduzcan a un sano y transparente ejercicio, en estricta observancia de los principios y valores del solidarismo y del marco normativo establecido en la Ley de Asociaciones Solidaristas.
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