Proyecto que propone fomentar vuelos de bajo costo esconde un peligro latente para el sector turístico
El proyecto de ley N° 24.207, que propone fomentar vuelos de bajo costo entre Costa Rica y Centroamérica, aparenta ser una solución atractiva para el consumidor, pero esconde un peligro latente para el sector turístico costarricense.
A primera vista, la posibilidad de viajar a precios reducidos podría parecer ventajosa, sin embargo, las consecuencias para nuestro país serían perjudiciales.
En primer lugar, esta propuesta, lejos de fortalecer la competitividad turística, debilitaría la industria nacional al desviar a nuestros turistas hacia destinos fuera de Costa Rica. Permitir que vuelos a $80 ida y vuelta sean la norma provocará una fuga de turistas ticos hacia el exterior, con un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas que dependen del turismo interno. Además, socavaría los esfuerzos estratégicos para consolidar el turismo nacional como un motor esencial de la economía. Costa Rica no puede permitirse que su propio mercado turístico pierda fuerza frente a destinos extranjeros, especialmente cuando el turismo interno ha sido una fuente clave de ingresos y desarrollo local.
La implementación de esta ley también podría reducir la estadía promedio de los turistas internacionales que visitan Costa Rica. Actualmente, los visitantes permanecen en promedio 13 días, explorando diversas regiones y beneficiando a múltiples sectores locales. Sin embargo, al facilitar el acceso a otros destinos de la región con precios extremadamente bajos, se corre el riesgo de que estos turistas acorten su estancia en Costa Rica para aprovechar las ofertas en otros países. Esto abriría una verdadera caja de Pandora, desencadenando pérdidas millonarias para el sector; cada noche menos representa una disminución de $372 millones en los ingresos por alojamiento, alimentación, tours y otros servicios turísticos.
Por lo expuesto, es preocupante que este proyecto haya sido sometido a un trámite rápido, dispensándolo de un análisis más profundo. Una medida con implicaciones tan amplias debe ser aprobada considerando todas las voces y con un debate exhaustivo que permita encontrar soluciones que beneficien a todos los actores involucrados.
Por ello, como Ministro de Turismo, solicito que el expediente N° 24.207 sea devuelto a la comisión correspondiente para su reconsideración. Es fundamental que se escuche a todas las partes afectadas, incluidas las pequeñas y medianas empresas turísticas y las comunidades que dependen del turismo nacional.
Es crucial subrayar que las aerolíneas no requieren de una ley para reducir precios y ser más competitivas; si no lo hacen, es porque su modelo de negocio actual no lo permite o no les resulta conveniente. Forzar una regulación de este tipo, sin un análisis exhaustivo y sin considerar las repercusiones, no solo es irresponsable, sino que podría tener consecuencias graves para el turismo y la economía costarricense. Detengamos este proyecto antes de comprometer el futuro de nuestra industria turística.
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