¿Refugio o fraude de ley?
Cuando Costa Rica suscribió la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, conocida como “Convención de Ginebra de 1951”, lo hizo con el fin de demostrar nuestra solidaridad y apertura a recibir a quienes fueran perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Con base en los datos dados por el Ministro de Seguridad Pública, más de un 80 por ciento de los solicitantes de refugio, son personas a las cuales se les había rechazado previamente su solicitud de residencia permanente. El posar como refugiado porque no le dieron residencia es un fraude de ley, una inmoralidad, y no debe de quedar impune.
Una cosa es ser bueno y otra muy distinta ser un buenazo. Costa Rica ha abierto sus fronteras a los refugiados porque tenemos como norte dar calidad de vida a los habitantes del país, pero tampoco somos ingenuos, ni tontos como para que nos vengan a tomar el pelo y pretender violentar nuestras leyes. Quien tiene el descaro de actuar en fraude de ley y decirse refugiado cuando en realidad no lo es, se convierte en un individuo indeseable que no queremos en nuestro país.
La suavidad con la que se han tramitado procesos migratorios en el pasado, han llevado a que, muchas veces, individuos indeseables entren al país. No puede ser posible que las resoluciones se sigan dando con machotes y sesgos ideológicos, porque la Administración Pública tiene el deber de respetar el principio de legalidad. Deben de analizarse los intereses de la Administración, los solicitantes de refugio y del resto de la población.
El respeto a los intereses generales exige un análisis exhaustivo de las solicitudes que se presenten ante las dependencias administrativas, incluyendo la Comisión de Visas Restringidas y Refugio y el Tribunal Administrativo Migratorio. Deben de mejorarse los controles cruzados entre los gobiernos y las autoridades policiales para asegurarse que quienes reciban refugio, realmente lo necesiten.
No se debe dejar de lado el Estado de Derecho y la responsabilidad penal de quienes posan como refugiados sin serlo. La alcahuetería que se ha dado en este país lleva a ciertos individuos a abusar de nuestro sistema. Quienes realmente estén siendo perseguidos por Daniel Ortega y Rosario Murillo deben de recibir refugio. Sin embargo, llama la atención que, según informe del Estado de la Nación, más de un 62% del electorado en Nicaragua votó por Ortega en las elecciones pasadas, entonces no tendrían por qué ser perseguidos.
Démosle refugio a quienes lo merecen y a quienes mienten sobre ello una condena cometer un delito, para que la purguen, en una cárcel.
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